Xalapa.- Desde 2019, el estado de Veracruz ha acumulado más de 5 mil 200 carpetas de investigación por extorsión, con un incremento sostenido de casi 40%, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El número de denuncias pasó de 794 en 2019 a un récord de 938 en 2024. Tan solo entre enero y mayo de 2025 ya se han reportado 364 casos, lo que hace prever que el año podría cerrar con una nueva cifra histórica.

El caso más reciente que refleja la gravedad de este fenómeno fue el asesinato de Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y taxista en Álamo, cuyo cuerpo fue hallado tras su desaparición. La imagen de Irma arrodillada frente a un grupo armado, mientras advertía “Con la Mafia Veracruzana no se juega o terminarán como yo”, se viralizó en redes y medios, evidenciando el nivel de violencia ejercido por grupos delictivos en el estado.

Crimen mató a taxista en Veracruz con amenaza de plata o plomo para dar ‘ejemplo’

Este no es un hecho aislado. En abril pasado, el empresario Daniel N., dueño del bar Jalisquito en Minatitlán -al sur de Veracruz-, atropelló a dos presuntos extorsionadores tras recibir amenazas constantes y haber dejado de pagar las cuotas semanales. “Cada semana querían más. No saben lo que cuesta operar un bar”, declaró. Poco después cerró el establecimiento, temiendo por su vida.

Ese mismo mes, el bar Wichis, en Xalapa, la capital del estado, sufrió un segundo ataque armado desde un vehículo, generando pánico entre los clientes. En el sur del estado, los negocios enfrentan una situación similar: bares y restaurantes han sido blanco de ataques con bombas molotov.

El más reciente ocurrió el pasado sábado 26 de julio, cuando el bar “El Descanso” en Coatzacoalcos fue incendiado con artefactos caseros. Según el Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos, muchos empresarios prefieren pagar o cerrar antes que denunciar, y algunas empresas llegan a desembolsar hasta 120 mil pesos anuales por “derecho de piso”.

Renato Riveroll Rivera, director del Observatorio, indicó que ya se presentó una propuesta formal a la Secretaría de Seguridad Pública del estado para crear una unidad antiextorsión. Por su parte, la gobernadora Rocío Nahle anunció que un grupo especial de la Fiscalía General de la República (FGR) y de Inteligencia Nacional realiza operativos para desarticular a organizaciones criminales dedicadas al secuestro y la extorsión.

La mafia veracruzana amplia control en la zona norte del estado

En el norte del estado, el grupo criminal conocido como “Sombra” —o Mafia Veracruzana— que se atribuyó el asesinato de Irma y el cobro de cuota a taxistas ha ampliado su presencia. Según archivos filtrados por el colectivo Guacamaya Leak provenientes de la Secretaría de la Defensa Nacional, esta organización surgió en 2017 como brazo armado del Cártel del Golfo, con presencia en Álamo, Poza Rica, Tuxpan, Tantoyuca, Naranjos y Pánuco.

En estas zonas, el Grupo Sombra comenzó a disputar con los Zetas y el propio Cártel del Golfo el control de diversas actividades ilícitas, como el narcotráfico, la extorsión, el secuestro, el robo de hidrocarburos y la operación de giros negros.

Esta expansión territorial ha estado acompañada de actos de extrema violencia. A esta organización se le atribuyen, por ejemplo, la aparición de cuerpos desmembrados en espacios públicos de Tuxpan. En 2024, el entonces gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que el asesinato de cuatro personas en el centro de ese municipio, entre ellas una mujer, estaba vinculado a un conflicto interno entre la célula criminal “Los Tercios” —integrada por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, de Poza Rica y del propio Grupo Sombra— y su organización de origen, asociada al Cártel del Golfo.

La violencia no se detuvo. Solo en los primeros meses de 2025, en Tuxpan —a unos 30 minutos de Álamo— fueron asesinados cuatro empresarios, un comandante de la Fiscalía estatal y el exdirector del penal de Tuxpan, Antonio Huesca Figueroa, quien había sido previamente amenazado, presuntamente por integrantes del crimen organizado.

Estos hechos se suman a una serie de actos documentados en el reportaje Crimen y violencia amenazan proyecto de Rocío Nahle en Veracruz, donde se expone el crecimiento de la violencia en la zona norte, también se recuerda que en 2024, al menos 13 cuerpos fueron abandonados en hieleras y bolsas negras junto a las letras turísticas de Tuxpan, acompañados de mensajes atribuidos a grupos delictivos.

En marzo de ese mismo año, se registró un nuevo acto de terror en Cazones —a unos 62 kilómetros de Tuxpan—, donde el grupo criminal dejó cuerpos desmembrados frente a las letras turísticas y realizó disparos al aire.

Dos años antes, en 2022, la síndica de Tuxpan, Beatriz Piña, fue retenida por personas que se identificaron como integrantes del Grupo Sombra, quienes le exigieron “bajarle de huevos”.

Coparmex: 2 de cada 3 empresarios son víctimas de extorsión

Juan Carlos Díaz Morante, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la región Xalapa, advirtió que empresarios con establecimientos en municipios como Xalapa, Poza Rica, Tuxpan y Coatzacoalcos han reportado un incremento en los casos de extorsión, los cuales incluyen mensajes intimidatorios, cobro de piso y amenazas directas. Ante este panorama, señaló que muchos propietarios han optado por cerrar sus negocios como medida de protección.

“ Hay que establecer penas más severas para estos delincuentes. Muchas veces llegan a las Fiscalías, pero si no existe una ley estricta, salen en libertad, o incluso ni siquiera son perseguidos como debería ser”, puntualizó.  

De acuerdo con la encuesta Data Coparmex, dos de cada tres empresarios en el país han sido víctimas de algún tipo de extorsión. Esto representa más del 54% del sector. Por ello, Díaz Morante insistió en que los legisladores deben dejar de lado iniciativas sin impacto real y centrarse en castigar con mayor contundencia delitos que están afectando directamente a empresarios y ciudadanos por igual.

Extorsión, un delito en la mira del gobierno federal

Tras el asesinato de la maestra y taxista Irma Hernández Cruz, el gobierno federal anunció que el caso se investiga como una disputa entre grupos delictivos por el cobro de cuotas o extorsión. Sin embargo, el incremento de este delito en Veracruz ya estaba en la mira de las autoridades federales desde meses atrás.

Veracruz fue incluido en la Estrategia Nacional contra la Extorsión, presentada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch hace unas semanas , quien ubicó a la entidad como el quinto estado con mayor número de carpetas de investigación por este delito, solo por debajo del Estado de México, Guanajuato, Nuevo León y Ciudad de México.

Desde octubre de 2024, en Veracruz se han abierto 585 carpetas por extorsión. Las cifras anuales muestran un crecimiento sostenido en el delito: 714 casos en 2020, 744 en 2021, 834 en 2022 y 881 en 2023. Tan solo entre enero y mayo de 2025 ya se han contabilizado 364 casos.

Ante este panorama, tanto el gobierno federal, como el estatal han impulsado diversas estrategias y reformas. La estrategia nacional contempla la creación de unidades especializadas en las entidades federativas, protocolos de atención a víctimas, capacitación de operadores del número 089 para manejo de crisis, campañas preventivas, participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas vinculadas, bloqueo judicial de líneas telefónicas utilizadas para extorsionar y operativos sorpresa en centros penitenciarios para confiscar teléfonos móviles.

En el ámbito estatal, la gobernadora Rocío Nahle García propuso reformar el Código Penal de Veracruz para aumentar las penas por extorsión. Confió en que esta medida podría reducir la incidencia, tal como ocurrió con el delito de secuestro. “Desde nuestro particular punto de vista, tiene que ser igual. Se tiene que aumentar la pena de extorsión, hay que irnos con la mano dura”, afirmó.