Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) ha emitido una advertencia sobre los riesgos potenciales que conlleva la próxima implementación de la CURP biométrica, una medida incluida en la reciente reforma a la Ley General de Población. Según un informe preliminar de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), este cambio podría poner en peligro la confidencialidad del Padrón Electoral y debilitar el papel de la credencial para votar como documento oficial de identificación.

La nueva legislación propone la creación de una Plataforma Única de Identidad, a cargo de la Secretaría de Gobernación, que permitirá el monitoreo permanente de los registros de la CURP, particularmente en casos de personas desaparecidas o no localizadas. Esta plataforma estaría disponible para fiscalías y comisiones de búsqueda, tanto locales como federales, lo que podría forzar al INE a compartir información sensible, como trámites de credencialización, apoyos ciudadanos, participación política y actividad en jornadas electorales.

El INE advierte que esta posibilidad podría generar una “pérdida de control” sobre las consultas al Padrón Electoral, lo cual entraría en conflicto con las leyes de protección de datos personales que rigen la confidencialidad de dicha base de datos. Además, plantea la necesidad de establecer límites y mecanismos legales claros sobre cómo y quiénes podrían tener acceso a esta información.

Otra de las preocupaciones es el eventual desplazamiento de la credencial para votar como principal medio de identificación. La CURP biométrica está proyectada como una herramienta obligatoria, lo que podría reducir el número de personas que realicen el trámite ante el INE, en especial jóvenes que alcanzan la mayoría de edad. Esto pondría en riesgo su registro en el Padrón Electoral, y en consecuencia, su derecho a votar o ser votados.

“La implementación desde el gobierno federal podría ser percibida como una instrumentalización política de la identidad, afectando la confianza ciudadana en el sistema electoral”, señala el documento interno.

También se destaca el impacto institucional de este cambio, ya que numerosas dependencias públicas, bancos y empresas reconocen actualmente la credencial del INE como documento oficial. Su posible reemplazo obligaría a realizar ajustes normativos y operativos en múltiples sectores.

Frente a este panorama, el INE insta a las autoridades a revisar los alcances de la reforma y establecer un marco legal robusto que evite vulneraciones a los derechos ciudadanos y garantice la seguridad de los datos personales.