Washington, D.C. – La administración del presidente Donald Trump volvió a exponer públicamente a estados y ciudades de Estados Unidos que, según su criterio, obstaculizan la ejecución de las leyes migratorias federales. Este martes se reveló una nueva lista oficial que identifica a jurisdicciones “santuario”, aquellas que han implementado restricciones para colaborar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El documento, difundido por el Departamento de Justicia, señala a 12 estados, el Distrito de Columbia, así como a 18 ciudades y 4 condados que han adoptado políticas que impiden o limitan la cooperación de sus autoridades locales con las agencias migratorias.

California vuelve a figurar en el listado, aunque con un ajuste significativo: mientras que la ciudad de Los Ángeles sí fue incluida, el condado homónimo, donde residen cerca de un millón de personas indocumentadas, quedó fuera en esta ocasión.

La fiscal general Pam Bondi declaró que estas políticas comprometen la seguridad pública y dificultan la aplicación del marco legal vigente, al tiempo que anunció que el gobierno federal continuará promoviendo acciones legales contra estas entidades.

La ofensiva del Ejecutivo contra los llamados “santuarios” no es nueva. Una primera versión del listado fue publicada a finales de mayo por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). No obstante, aquella fue retirada tras generar controversia al incluir ciudades que, en realidad, habían manifestado apoyo explícito a la política migratoria de Trump, como Huntington Beach, en California. Su alcalde calificó la inclusión como una “negligencia administrativa”, asegurando que la ciudad coopera plenamente con las agencias federales.

Entre los casos más recientes, el alcalde de Louisville, Kentucky, revocó una norma que restringía la notificación de liberación de detenidos a ICE. Esta modificación fue resultado de un acuerdo con el Departamento de Justicia.

El nuevo registro busca reforzar la presión del gobierno federal sobre las entidades que han defendido el derecho a establecer políticas migratorias locales independientes, a menudo justificadas en la falta de recursos para realizar funciones federales.

Durante su primer mandato, Trump intentó retener fondos federales a estas jurisdicciones, aunque enfrentó múltiples demandas judiciales en su contra, con resultados adversos en las cortes.