Washington, Estados Unidos.- Más de 800 miembros de la Guardia Nacional comenzaron a llegar a Washington para reforzar la seguridad tras la orden del presidente Donald Trump de tomar el control del Departamento de Policía Metropolitana (MPD) y reducir el crimen, en medio de denuncias sobre un supuesto “caos” en la capital.

La medida fue anunciada luego de que Trump declarara una emergencia criminal en Washington, aunque funcionarios locales aseguran que los índices delictivos han disminuido en los últimos meses. La alcaldesa Muriel Bowser, crítica del mandatario, rechazó la emergencia declarada y consideró que la acción no es productiva, pero reconoció que las autoridades locales están limitadas legalmente para impedirla.

Bowser afirmó que el crimen violento ha bajado a mínimos de 30 años, con caídas significativas en robos de autos, aunque reconoció que la mayoría de los arrestados son menores de edad, lo que complica la respuesta legal. La alcaldesa advirtió que trabajará para evitar que esta intervención se convierta en “un desastre total”.

La relación entre la administración Trump y la alcaldía de Washington ha sido tensa durante años, con confrontaciones públicas y desacuerdos sobre la gestión policial y las protestas sociales, como las manifestaciones de Black Lives Matter en 2020. Bowser ha buscado mantener autonomía en la ciudad, pero enfrenta las limitaciones que impone la condición de Distrito Federal, que permite al presidente federal intervenir en casos de emergencia.

La Ley de Autonomía de 1973, en su sección 740, otorga al presidente la facultad de controlar la policía de Washington por hasta 48 horas, con posibles extensiones hasta 30 días en emergencia, aunque nunca antes se había aplicado. Expertos y activistas han expresado alarma por esta medida, que consideran un precedente preocupante para la autonomía local y los derechos civiles.

Por su parte, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, respaldó la medida afirmando que “el crimen en D.C. termina, y termina hoy”, mientras que Trump busca imponer una política de mano dura contra el delito en la capital sin abordar causas profundas como la falta de vivienda o el desempleo.

Esta acción forma parte del patrón del segundo mandato de Trump, quien ha recurrido a estados de emergencia para gobernar mediante órdenes ejecutivas en temas desde migración hasta economía.

Aunque la alcaldía ha señalado avances en la reducción del crimen, como una caída del 25% en delitos violentos respaldada por Ed Martin, ex fiscal federal de D.C. y aliado de Trump, el gobierno federal insiste en que se requieren medidas más drásticas.

La tensión entre Trump y Bowser refleja además un choque político entre un presidente republicano y una alcaldesa demócrata que aboga por la plena condición de estado para el Distrito de Columbia y mayor autonomía.