Ciudad de México.- Un Tribunal Colegiado resolvió que la sección “Quién es quién en las mentiras” vulneró la libertad de expresión, la honra y la dignidad de críticos del gobierno, en particular del analista Max Kaiser.

La resolución determinó que las menciones realizadas en la sección de la conferencia matutina del entonces presidente López Obrador fueron financiadas con recursos públicos y que la entonces titular, Elizabeth Vilchis, actuaba como funcionaria pública, por lo que tenía el deber de verificar la información antes de emitir comentarios.

Mariana Calderón, Directora General del Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE) explicó en entrevista para Aristegui En Vivo que la sentencia establece un precedente que impide que autoridades futuras creen espacios similares que presionen a periodistas, líderes de opinión o comentaristas, y sienta parámetros sobre cómo deben difundirse datos objetivos y verificables en la comunicación gubernamental.

Calderón explicó que la disputa comenzó cuando el analista Max Kaiser, quien fue mencionado y denostado en esta sección, decidió recurrir a la justicia mediante un juicio de amparo. “El objetivo que nos planteamos en el Consejo Nacional del Litigio Estratégico fue tratar de fomentar que el Poder Judicial generara ciertos estándares frente a esta sección”, declaró Calderón.

“ Las menciones que se hicieron se hicieron pagadas con recursos públicos y que la entonces titular de ese espacio, que era Elizabeth Vilchis, actuaba como funcionaria pública, entonces tenía un deber de verificar la información que estaba señalando y no podía hacer comentarios lascivos, denigrantes, calumniosos, que no fueran verificados o que no fueran objetivos”, afirmó Calderón. 

Asimismo, indicó que la sentencia reconoce la violación a la libertad de expresión, la honra y la dignidad de Max Kaiser y establece un precedente aplicable a otros críticos del gobierno.

“ La sentencia confirma que esta sección violó la honra y violó la dignidad, en concreto de Max Kaiser. Pero sienta un precedente para todas y todos, porque a partir de esta sentencia, la autoridad no puede volver a tener una sección que, bajo estas condiciones, haga crítica y presione a líderes de opinión, a periodistas, a comentaristas que formulen críticas al gobierno”, aseguró. 

La Directora del CNLE explicó que la resolución es definitiva, sin posibilidad de impugnación, y que sienta estándares de aplicación para todas las autoridades en el futuro.

“ Este proceso judicial es impugnable… […] Entonces ya se queda como un precedente, sin mecanismo de impugnación”, declaró la abogada. 

Calderón subrayó que la resolución también sirve como guía para el Gobierno actual sobre cómo debe conducirse en el manejo de la información y la comunicación pública

“ Los parámetros que tiene que seguir el Gobierno actual es de informar como autoridades responsables, generar este diálogo, intercambio de información objetivo necesario en cualquier democracia. Eso es muy relevante”, declaró. 

Con información de Aristegui Noticias