Bogotá, Colombia.– El conflicto armado se ha convertido en el eje central de la campaña electoral para 2026 en Colombia tras dos atentados ocurridos la semana pasada que dejaron 19 muertos y cerca de 80 heridos.

Mientras avanzan las investigaciones y se capturan a los presuntos responsables, los precandidatos presidenciales intensifican sus críticas al Gobierno de Gustavo Petro por lo que consideran un “debilitamiento” de las fuerzas de seguridad.

Un juez de Cali legalizó este sábado la detención de Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando, presuntamente implicados en el ataque a una base militar en la capital del Valle del Cauca.

Según la Fiscalía, ambos activaron uno de los artefactos explosivos. Los jóvenes fueron imputados por homicidio agravado, tentativa de homicidio, concierto para delinquir y otros delitos relacionados con el terrorismo.

También se informó de la captura de Diomar Mancilla por su presunta participación en el crimen.

Un helicóptero derribado y una nueva estrategia de ataque

El atentado contra un helicóptero policial en Antioquia, que dejó 12 uniformados muertos, fue atribuido al frente 33 del Estado Mayor Central (EMC).

El presidente Petro aclaró que la aeronave no fue derribada por un dron, sino que cayó en una “trampa” con explosivos enterrados previamente en el terreno.

Petro defendió su política de “paz total”, afirmando que “nadie debe arrepentirse de buscar la paz”. A pesar de sus declaraciones, la presión crece sobre su gobierno, pues la oposición lo acusa de permitir que la violencia se desborde.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, encabezó una reunión con la cúpula militar para coordinar acciones y fortalecer las capacidades de la fuerza pública en la región.

La violencia como eje de campaña

En un acto de homenaje al precandidato presidencial asesinado, Miguel Uribe Turbay, el expresidente Álvaro Uribe reclamó “seguridad para que en las veredas, en los pueblos y en las ciudades de Colombia se pueda dormir con tranquilidad”.

Mientras tanto, precandidatos como Juan Carlos Pinzón y la senadora Paloma Valencia responsabilizan a la administración de Petro por la “desmoralización” de la fuerza pública.

En la orilla opuesta, el senador de izquierda Iván Cepeda, defensor de derechos humanos y facilitador del proceso de paz con las FARC, se sumó a la contienda presidencial. Con las elecciones de 2026 en el horizonte, el país revive el temor a la violencia política que caracterizó las décadas de los 80 y 90.