Washington, D.C.– El gobierno federal ha solicitado a una jueza en Miami que suspenda su orden de desmantelar “Alligator Alcatraz”, un centro de detención de inmigrantes en los Everglades.

La administración argumenta que el cierre afectaría la capacidad del gobierno federal para aplicar las leyes de inmigración, mientras grupos de derechos civiles y ambientalistas persisten en su oposición.

La semana pasada, la jueza federal Kathleen Williams dictaminó que la instalación, construida por el estado de Florida, debía reducir su población de detenidos en un plazo de 60 días, además de retirar cercas y generadores.

Sin embargo, los abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han pedido la suspensión del fallo mientras se desarrolla un proceso de apelación.

Garrett Ripa, director de operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miami, sostuvo que las 2,000 camas del centro son “muy necesarias” debido a la sobrepoblación en otras instalaciones de detención en Florida.

” La eliminación de esta instalación comprometería la capacidad del gobierno para aplicar las leyes migratorias”, afirmó Ripa.

Múltiples demandas en contra de la instalación

La petición del gobierno se da en un contexto de intensa disputa legal. Grupos de derechos civiles presentaron la semana pasada una tercera demanda contra el centro, argumentando que el estado de Florida no tiene la autoridad para operar una instalación de detención de inmigrantes.

Las organizaciones denuncian que los detenidos han sido privados de acceso a representación legal, han estado incomunicados por semanas sin cargos y algunos han sido presionados para firmar formularios de salida voluntaria sin la supervisión de un abogado.

Además de las preocupaciones legales, ambientalistas y la tribu Miccosukee argumentan que la instalación amenaza humedales sensibles y a especies protegidas, poniendo en riesgo años de esfuerzos y miles de millones de dólares invertidos en la restauración de los Everglades.

El centro, que fue construido en un antiguo aeropuerto de entrenamiento, abrió oficialmente el 1 de julio, con contratos de más de 245 millones de dólares para su construcción y operación.

El presidente Donald Trump, quien ha visitado el sitio, lo ha sugerido como un modelo para futuras instalaciones.