San Francisco, California.– Una corte federal de apelaciones de Estados Unidos ha mantenido el bloqueo temporal al plan del expresidente Donald Trump de revocar el Estatuto de Protección Temporal (TPS) que beneficia a unos 600,000 venezolanos en el país.

Este viernes, un panel de tres jueces del Noveno Circuito de Apelaciones confirmó por unanimidad el fallo de una corte inferior, protegiendo a los beneficiarios de una posible deportación mientras el caso legal avanza.

La jueza Kim Wardlaw destacó en su decisión que los solicitantes demostraron que “enfrentan daños irreparables a sus vidas, familias y medios de vida”.

Subrayó que el Congreso diseñó el TPS como un sistema “predecible, confiable y aislado de la política electoral”.

Contexto legal y político

El gobierno de Trump había intentado revocar el TPS, pero a fines de marzo, el juez federal Edward Chen suspendió temporalmente la medida, argumentando que tenía tintes racistas y criminalizaba erróneamente a los venezolanos.

La administración del expresidente apeló la decisión ante la Corte Suprema, que, aunque no eliminó el TPS, concedió una solicitud para cancelar temporalmente la protección mientras el caso se litiga.

Se espera que el gobierno de Trump apele el reciente fallo del Noveno Circuito ante la Corte Suprema, un tribunal con una mayoría de jueces conservadores nombrados por el exmandatario.

El TPS es un programa que Estados Unidos otorga a ciudadanos extranjeros que no pueden regresar a sus países de origen de manera segura, debido a guerras, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias.

Justo antes de que Trump regresara a la Casa Blanca en enero, el expresidente Joe Biden había extendido el TPS para los venezolanos por 18 meses, citando la crisis en la nación sudamericana.

Según el Pew Research Center, para marzo de 2024, había 1.2 millones de personas elegibles o beneficiarias del TPS en Estados Unidos, siendo los venezolanos el grupo más grande.

La administración Trump también ha buscado revocar el estatus a ciudadanos de otras naciones, como Haití, Honduras y Nicaragua, medidas que igualmente enfrentan desafíos en los tribunales.