Ciudad de México.- Familiares de Berenice Giles, fallecida en el evento Axe Ceremonia, llevan a cabo un bloqueo en las salas penales del Tribunal Superior de Justicia para exigir se deje sin materia la audiencia inicial programada para mañana, ya que de celebrarse se dejaría en impunidad a las empresas involucradas, por lo cual solicitan los reciba su titular, Rafael Guerra Álvarez.

Fabian Victoria, abogado de la familia, mencionó que la Fiscalía General de Justicia aceleró el proceso para solicitar una diligencia para “imputar a múltiples empresas y personas físicas que resultan insignificantes, dejando fuera a dos empresas, Ocesa y Seguridad Privada Lobo“.

Mencionó que existe una violencia institucional que se está trasladando al Poder Judicial de la Ciudad de México y que hay “pruebas aplastantes” que demuestran que Ocesa es responsable de los hechos ocurridos el 5 de abril de 2025 en el Parque Bicentenario.

Dijo que hay dos denuncias en la Fiscalía de Servidores Públicos y el órgano interno de control debido a omisiones en el caso.

A través de un video difundido en redes sociales, Raúl Giles, padre de Citlali, denunció irregularidades en la investigación de la muerte de su hija y del fotógrafo Miguel Ángel Rojas.

Giles indicó que a pesar de las promesas públicas por parte de las autoridades de que este hecho no quedaría impune, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX ha negado las peticiones de la familia; además asegura que la fiscal protege a OCESA y Servicios de Protección Privada Lobo.

Ya han pasado 5 meses desde que una estructura metálica cayera sobre Berenice y Miguel, con ello acabara con sus vidas, y la Fiscalía local busca darle carpetazo al caso, dejando a las familias de las víctimas sin justicia, Raúl Giles aseguró que su familia no busca venganza, sino justicia.

 

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Esta forma de actuar de la Fiscalía, de acuerdo con el padre de la víctima, constituye un “acto de violencia institucional” hacia su familia.

Una de las denuncias más graves es la que se refiere a la intención de la Fiscalía de “judicializar la carpeta de manera expedita” el pasado 2 de septiembre. Esta acción, que la familia describió como un “acto de evadir responsabilidades”, implicaría saltarse lo establecido por la ley y generar una audiencia “sin fundamento, ilegal y sobre todo injusta”.