Washington, D.C. — Los esfuerzos de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, por atraer inversión extranjera para revitalizar la manufactura nacional han chocado con su política de inmigración de mano dura.

Tras una redada en una planta de baterías de Hyundai en Georgia, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, advirtió que las empresas de su país podrían reconsiderar sus planes de invertir en Estados Unidos.

Durante el operativo de inmigración, más de 300 trabajadores surcoreanos fueron detenidos y algunos de ellos, mostrados encadenados en videos, lo que provocó una crisis diplomática.

El presidente Lee Jae Myung expresó su preocupación, afirmando que si Estados Unidos no agiliza la emisión de visas para técnicos y personal calificado, “establecer una fábrica local en Estados Unidos conllevará severas desventajas o se volverá muy difícil para nuestras empresas”.

” Se preguntarán si siquiera deberían hacerlo”, señaló Lee, evidenciando la incertidumbre entre los inversionistas.

La redada pone de manifiesto la contradicción entre el objetivo de deportaciones masivas de la administración Trump y su intención de atraer capital extranjero para impulsar la economía y crear empleos.

Medidas como las redadas en centros de trabajo y las restricciones de visas podrían ahuyentar a aliados que, como Corea del Sur, se han comprometido a invertir cientos de miles de millones de dólares en el país para evitar los altos aranceles que Trump ha impuesto.

La agenda económica de Trump se basa en el uso de gravámenes como el arancel del 15% sobre productos surcoreanos para forzar a las empresas a producir dentro de Estados Unidos. Sin embargo, este incidente podría socavar la confianza de los inversionistas extranjeros.