Los ángeles, E.U.– El periodista salvadoreño Mario Guevara, ganador de un Emmy y fundador de MG News, fue deportado a su país de origen tras permanecer más de 100 días bajo custodia del ICE. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que lo defendía legalmente, calificó el arresto y detención como una represalia por su labor periodística al documentar operativos policiales.

La deportación se concretó después de que el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito negara el martes una solicitud de emergencia para suspender la orden final.

Detenido por su periodismo, a pesar de cargos desestimados

Mario Guevara, quien residía legalmente en EE.UU. desde 2004 con una autorización de trabajo, fue arrestado el 14 de junio de 2025 en Atlanta mientras cubría una protesta. A pesar de llevar su chaleco de prensa e identificarse, fue detenido.

Aunque los fiscales del condado desestimaron rápidamente los cargos penales (obstrucción, asamblea ilegal) porque el video policial demostró que el periodista acató las órdenes, Guevara permaneció bajo custodia del ICE.

La ACLU denunció que el gobierno se negó a liberarlo bajo fianza alegando que su reportaje sobre la actividad policial lo convertía en un “peligro para la comunidad”, deteniéndolo efectivamente por ejercer sus derechos de la Primera Enmienda.

Desgarradora separación familiar

El caso de Guevara se ha convertido en una alarma para los defensores de la libertad de prensa en EE.UU. Su hijo, Oscar Guevara, ciudadano estadounidense con un tumor cerebral y dependiente de su padre, expresó su devastación: “Mi familia ha sido separada sin motivo alguno… no sé cómo será mi vida sin él”.

El abogado de la ACLU, Oscar Sarabia, señaló que Guevara era elegible para la residencia permanente a través de la reunificación familiar por su hijo. Sin embargo, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) reabrió su caso de asilo cerrado administrativamente desde 2012 y ordenó su deportación, rechazando la moción para buscar el ajuste de estatus.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió la acción, señalando que al extranjero indocumentado “se le concedió una salida voluntaria en 2002 [sic]… y se negó a salir”, y que la Primera Enmienda no otorga el derecho a “violentar nuestras leyes”.