Washington, D.C.– El gobierno de Donald Trump enfrenta una inminente ola de demandas millonarias por parte de ciudadanos estadounidenses que acusan al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de utilizar fuerza desmedida y violar sus derechos civiles durante las redadas contra inmigrantes.

Abogados migratorios señalan que estas demandas, respaldadas con videos virales que muestran la violencia de las detenciones, son el principal recurso para obligar al gobierno a rendir cuentas por sus operativos.

Costillas rotas, gas pimienta y detención ilegal

Los casos más notorios involucran a ciudadanos que exigen millonarias reparaciones:

– Rafie Ollah Shouhed (Los Ángeles): Este ciudadano de 79 años de origen iraní demanda por 50 millones de dólares a ICE y al DHS, alegando que un agente lo tiró violentamente al suelo durante una redada en su negocio, resultando con costillas rotas y traumatismo torácico.

– George Retes (California): Veterano de guerra estadounidense, fue detenido por tres días en una redada en una granja de cannabis. Denunció que un agente le rompió la ventanilla del auto y le roció gas pimienta antes de arrodillarse sobre su cuello.

– Leonardo García Venegas (Alabama): Ciudadano estadounidense arrestado en dos ocasiones por agentes enmascarados de ICE en sitios de construcción, pese a mostrar su identificación oficial.

– Cary López Alvarado (Los Ángeles): Ciudadana que exige un millón de dólares por haber sido “maltratada” por agentes de ICE (incluyendo su vientre embarazado de nueve meses) al exigir una orden para la detención de un trabajador.

Críticas a la Corte Suprema y la “apariencia latina”

Las demandas se multiplican a pesar de un reciente fallo de la Corte Suprema que autorizó a los agentes federales a detener personas sin “sospecha razonable”, basándose en factores como la raza, la apariencia y el idioma que hablen, una decisión que la jueza liberal Sonia Sotomayor criticó duramente.

Sotomayor advirtió que el fallo convierte a los latinos de bajos salarios, ciudadanos o no, en “blancos fáciles para detenciones arbitrarias”, permitiendo al gobierno “detener a cualquiera que tenga apariencia latina, hable español y parezca ocupar un empleo de bajos salarios”.

Abogados esperan una “oleada” de casos, señalando que nunca antes un gobierno había sido “tan agresivo” en sus operativos.