Hermosillo, Sonora.– La justicia mexicana dio un paso crucial en el caso de la Guardería ABC con la detención en Arizona de Roberto Copado Gutiérrez, quien se desempeñaba como director de la Unidad Municipal de Protección Civil de Hermosillo cuando ocurrió el devastador incendio de 2009.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) aseguró a Copado Gutiérrez, quien enfrenta una sentencia firme de cinco años y siete meses de prisión por su responsabilidad en la tragedia que cobró la vida de 49 niños y dejó a más de un centenar con lesiones.

Actualmente, el exfuncionario permanece recluido en el centro de detención migratoria de Florence, Arizona, a la espera de la resolución de su situación legal.

Permisos de seguridad, pieza clave del proceso

Copado Gutiérrez era la figura responsable de firmar los dictámenes de seguridad y funcionamiento que avalaban el cumplimiento de las medidas de Protección Civil en establecimientos como la Guardería ABC. Estos documentos se convirtieron en pruebas centrales en los procesos penales contra funcionarios de los tres niveles de gobierno.

La detención ocurre más de 16 años después del siniestro y se suma a la reciente captura y deportación de Sandra Lucía Téllez Nieves, socia propietaria de la guardería, detenida el pasado 15 de enero.

Con la aprehensión de Copado, ya son dos los implicados detenidos de las 22 personas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó como culpables.

Padres exigen fin al “retardo de la justicia”

Pese a las condenas ratificadas, padres como Patricia Duarte y José Francisco Quintana han denunciado en reiteradas ocasiones la “corrupción enraizada” en el Poder Judicial, que ha permitido que la mayoría de los responsables sigan interponiendo recursos para dilatar la aplicación de la justicia.

El Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio insiste en que, aunque el caso ha recorrido todas las instancias, persisten la impunidad y el retardo en la ejecución de las penas.

Las condenas originales de hasta 29 años han sido reducidas a rangos de 5 a 8 años y 10 meses para socios y funcionarios, lo que mantiene viva la demanda de las familias por una justicia real y castigo efectivo.