Estados Unidos.- La Corte Suprema de Tennessee esta semana estableció las fechas para las ejecuciones de cuatro personas que enfrentan la pena capital, en medio de debates sobre si el estado ha hecho la debida diligencia de analizar la seguridad de los fármacos que usa para sus inyecciones letales.

Entre las personas cuya ejecución fue programada para los siguientes meses, después de años en el corredor de la muerte, está la única mujer condenada a la pena de muerte en el estado, Christa Pike.

Pike, actualmente de 49 años, tenía 18 en 1995 cuando fue sentenciada. Se le acusa de la muerte de Colleen Slemmer, que también tenía 18 años y era compañera de escuela de Pike. Según los archivos del caso, Slemmer fue golpeada hasta matarla por Pike y por su entonces novio, que después grabaron con un cuchillo un pentagrama en el pecho de Slemmer.

Al novio de Pike le dieron cadena perpetua con posibilidad de salir bajo libertad condicional; a Pike le tocó la pena de muerte.

Los abogados de Pike habían pedido desde hace años que se aplazara su posible ejecución en lo que buscaban conmutar su condena, argumentando que era muy joven al momento del crimen y que padecía “varias enfermedades mentales”, como trastorno bipolar y estrés postraumático por una agresión sexual, que fueron diagnosticadas hasta mucho después de su arresto.

“ Christa, con el paso del tiempo y tras recibir tratamiento, se ha vuelto una mujer muy amable y con gran arrepentimiento sobre el crimen”, dijeron sus abogados este miércoles tras conocerse que Pike sería ejecutada en septiembre de 2026.

Dudas sobre la inyección letal

Tennessee retomó a mediados de este año sus ejecuciones, que había puesto en pausa por tres años. Esto, después de que se descubrió que el estado no estaba realizando los análisis necesarios de los fármacos que usaba para la inyección letal para revisar si realmente tenían la composición necesaria para servir como deben.

Tras la reanudación también hubo un escándalo en agosto de este año, cuando el estado ejecutó a Byron Black. Black, que padecía de demencia, daño cerebral, falla renal y tenía un desfibrilador en el corazón, recibió la inyección letal pero tardó unos 10 minutos en morir durante los cuales los presentes dijeron que estuvo gimiendo de dolor.

Kelley Henry, abogada defensora pública que representa a varias personas en el corredor de la muerte de Tennessee, dijo que el Gobierno estatal todavía no ha hecho las aclaraciones necesarias sobre el caso de Black como para estar programando más ejecuciones.

“ Seguiremos peleando para que salga a la luz la verdad sobre qué pasó antes de que se proceda con más ejecuciones, para que nadie sufra la misma tortura que Byron”, dijo Henry.

Los abogados de otra persona en el corredor de la muerte, Donald Middlebrooks, ya lograron que su ejecución sea suspendida justamente en lo que se investigan los protocolos usados para aplicar la pena capital en el estado.

La suspensión de tres años comenzó en 2022, cuando una revisión independiente concluyó que no se habían hecho ningunas de las pruebas requeridas antes de siete ejecuciones hechas en el estado desde 2018, y la fiscalía estatal descubrió después que dos de las personas a cargo del programa de la inyección letal incluso habían “testificado de manera incorrecta” al afirmar bajo juramento que los fármacos sí habían sido revisados.

Tres ejecuciones próximas

Además de la fecha de ejecución de Christa Pike, la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee, la Corte Suprema del estado también programó la fecha para las muertes de Tony Carruthers, Gary Sutton y Anthony Hines.

Carruthers fue condenado en 1996 por el robo a mano armada de tres personas, una de las cuales falleció. Sus víctimas fueron Marcellos Anderson, de 21 años; Frederick Tucker, de 17, y la madre de Marcellos Anderson, Delois, que tenía 43.

Según los fiscales, Carruthers perpetró este delito porque quería arrebatarle a Marcellos Anderson el control del narcomenudeo en su vecindario de Memphis.

Por su parte, Sutton fue condenado a la pena capital tras la muerte en 1992 de Tommy Griffin, de 24 años. Sutton también fue acusado de matar a Connie Branam, la hermana de Griffin, aunque el hombre sentenciado asegura que es inocente de los delitos y que no hay “evidencia científica alguna para vincularlo con esas dos muertes”.

Mientras que Hines fue sentenciado a la pena capital por la muerte en 1985 de Katherine Jean Jenkins, de 54 años y que trabajaba limpiando un motel en Kingston Springs.