Ciudad de México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum promulgó este jueves el decreto que reforma la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La reforma, publicada en el Diario Oficial, redefine el concepto de “interés legítimo”, al exigir que el quejoso acredite una lesión jurídica real y diferenciada, lo que ha sido criticado por especialistas y legisladores de Oposición, quienes advirtieron que podría limitar el acceso de colectivos o grupos sociales al juicio de amparo.

Entre los cambios más polémicos se encuentra la restricción a la suspensión del acto reclamado en casos vinculados con créditos fiscales firmes, operaciones financieras irregulares o lavado de dinero.

En esas materias, la medida cautelar ya no detendrá la ejecución de los actos de autoridad, lo que, según legisladores y juristas, podría reducir la capacidad de los jueces para proteger derechos de los ciudadanos frente a las autoridades.
Otro punto de controversia es el artículo transitorio que permite aplicar las nuevas disposiciones a las actuaciones futuras de juicios ya iniciados.

Aunque el texto precisa que no habrá retroactividad, ex magistrados, diputados y senadores de distintos partidos consideraron que esta disposición podría tener efectos prácticos sobre procesos que ya están en curso.

El decreto también incorpora nuevas fracciones al artículo 124 del Código Fiscal de la Federación para declarar improcedentes los recursos contra actos administrativos que exijan el pago de créditos fiscales confirmados o resuelvan solicitudes de prescripción.

El decreto entrará en vigor mañana viernes y el nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ) dispondrá de 360 días para adecuar el sistema electrónico del Poder Judicial y emitir los acuerdos generales que regulen la operación de la firma electrónica y los expedientes digitales.

El nuevo marco normativo modifica más de 30 artículos. También adiciona disposiciones sobre el uso obligatorio de medios electrónicos para las autoridades que intervienen en los juicios, el registro digital de expedientes y la regulación de la suspensión en casos fiscales y financieros.

De acuerdo con el decreto, todas las autoridades deberán generar un usuario dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para realizar notificaciones electrónicas y consultas de expedientes.

Para los particulares, la presentación digital será opcional, aunque se mantiene la posibilidad de hacerlo por escrito.