Ciudad de México.- La FGR acusó por lavado de dinero y fraude fiscal a los empresarios que controlan la zona de aviación privada del Aeropuerto de Toluca, quienes afirman ser objeto de una persecución orquestada por la Marina para obligarlos a ceder el área que explotan desde hace 30 años.

La carpeta de investigación contra José Miguel Simón Galindo, Estrella Baz Ceniceros y José Luis Parra Patiño fue judicializada por la Fiscalía Especial de Asuntos Relevantes de la FGR el 22 de septiembre, ante una Jueza en Almoloya de Juárez.

La FGR pidió que se gire un citatorio para comparecer a audiencia de imputación, que hasta el lunes pasado no había sido librado, es decir, por ahora no ha solicitado la aprehensión de los acusados, como parte de la causa penal 397/2025.

Simón Galindo es apoderado de Operadora de Aviación General de Toluca (OAG), empresa que controla la zona de aviación privada,  y Baz es dueña de Servicios Aéreos Estrella (SAE), firma de jet privado que tiene el hangar más grande y cuenta con una flota de nueve aviones.

Por su parte, Parra patiño fue acusado por fraude fiscal equiparado, en su carácter de administrador.

Los delitos imputados no ameritan prisión preventiva forzosa, por lo que los acusados podrían llevar su proceso en libertad. Las denuncias fueron presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF).

“ Algunos mandos superiores de la Marina buscan, afanosamente, quedarse con la totalidad de las instalaciones del Aeropuerto de Toluca, utilizando su fuerza institucional, en vía de hecho, al no haber obtenido sentencias a su favor en ningún juicio”, dijo la semana pasada a REFORMA un directivo de OAG, que acusó amenazas y presiones constantes.

La FGR abrió la carpeta el 24 de febrero, después de que OAG ganó un litigio que se prolongó durante años contra Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca (AMAIT), la concesionaria del aeropuerto, que es controlada por la Marina.

Los tribunales establecieron que AMAIT tiene que respetar un convenio firmado en 2011 con OAG, en el cual aceptó no aplicar ningún cobro a dicha empresa, ni a los clientes que rentan hangares y otras instalaciones, pues OAG realizó desde 1992 las inversiones para infraestructura en lo que eran 97 hectáreas de lotes baldíos del Gobierno federal.

AMAIT sostiene que este esquema es un “quebranto” para el erario, pues se exenta a OAG de pagar servicios previstos en la Ley de Aeropuertos.

Desde 2014, AMAIT había estado aplicando estos cobros, situación que se agudizó en 2021, cuando exigió a OAG pagarle el 5 por ciento de sus ingresos brutos desde 2006.

Las sentencias recientes también establecen que el contrato de OAG, que vencía en 2027, debe seguir vigente hasta 2037, pues lo acordado en 2011 fue alterado por la aplicación de los cobros.