Ciudad de México.- Piperos que lucraban con el agua extraída de forma ilegal en la red de tomas clandestinas desarticulada por autoridades el fin de semana, desquiciaron ayer vialidades en el Valle de México y en Toluca.

Mientras en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México los cierres se extendieron hasta por ocho horas en siete accesos a la capital del país, en Toluca colapsaron al menos tres puntos.

Personal del Ayuntamiento de Ecatepec acusó que detrás de las movilizaciones estuvieron líderes de las agrupaciones Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (Uson) y del Sindicato 25 de Marzo, señaladas por el robo de agua para su venta con sobreprecio.

La semana pasada, las autoridades mexiquenses intervinieron 189 inmuebles, aseguraron 51 pozos y 138 tomas clandestinas, además de 322 pipas, 37 vehículos.

Ayer, trabajadores y estudiantes se vieron afectados por los bloqueos cuando se dirigían a sus destinos en plena hora pico de la mañana.

Automovilistas quedaron atrapados en largas filas.

En la Vía José López Portillo, de Ecatepec, policías intentaban apoyar en el traslado de usuarios afectados en la batea de sus camionetas, al tiempo que el servicio de transporte público y del Mexibús quedó suspendido.

Los operadores de las pipas que pelean el control de la extracción ilegal, abastecían purificadoras, hospitales, gasolineras y hoteles.

El Municipio debió movilizar ayer camiones cisterna a los hospitales Las Américas y José María Rodríguez, administrados por el Instituto de Salud del Estado de México, para abastecerlos, pues dependían principalmente de pipas.

De acuerdo con las indagatorias, el agua extraída de los pozos clandestinos no era potabilizada para su consumo, sino que se cloraba, lo que podía causar afectaciones de salud.

El cierre de pozos y tomas ilegales de agua también alcanzó a los vecinos de Iztapalapa, al oriente de la CDMX, donde vecinos alertaron que purificadoras dejaron de dar servicio desde el domingo.

Y campesinos  cierran Segob 

Productores de maíz cerraron con cadenas la Secretaría de Gobernación y bloquean carreteras del Centro y del Bajío en protesta porque el Gobierno federal no aceptó que se paguen 7 mil 200 pesos por tonelada del grano.

Tras más de tres horas de negociación fallida en Gobernación, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, estableció ayer que sólo se pagarán 6 mil 50 pesos por tonelada.

Los campesinos reprocharon que los gigantes de la industria controlen el precio y al Gobierno. 

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Es una vergüenza que una industria de cuatro o cinco hinque a un país. Somos 40 millones de productores y tres o cuatro cabrones los están hincando. Venimos indignados”, declaró Ricardo Hernández, campesino de Jalisco.