Saltillo, Coah.- Sus alcances son inimaginables y cada segundo se perfecciona: la Inteligencia Artificial ni siquiera es comprendida en toda su magnitud cuando los políticos quieren proponer una legislación sobre sus usos, lo cual resulta cuasi imposible. 

Gabriel Pérez Salazar, doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, explica que, aunque es necesaria una regulación que pueda establecer límites y sancionar los abusos en el ámbito digital, es complicadísimo, ya que son diversas tecnologías en distintas aplicaciones que funcionan de manera diferente: ChatGPT, Gemini, Midjourney, Perplexity, que generan textos, imágenes, música, videos, voces, etc. 

“

Tratar de meter todo esto en una sola bolsa es muy complicado, porque se trata de formatos muy diferentes que atienden a realidades y usos sumamente diversos, ese es el primer problema”, asegura.

Sin determinación

“

El siguiente problema está en la determinación de que un contenido haya sido generado, o no, con Inteligencia Artificial”. 

En este momento es imposible detectar si un texto ha sido desarrollado por IA, señala el experto, y aunque hoy los videos todavía son algo burdos, no tardan mucho para volverse impecables, indistinguibles para el ojo humano.   

“

En términos generales es un panorama realmente complicado”, afirma el profesor Gabriel Pérez. 

Un gran riesgo su uso

“

Sí hay un gran riesgo en el uso de la Inteligencia Artificial y yo entiendo perfectamente esta necesidad, esta intención de regular, sí, claro que existe la necesidad de regular, el problema es que es bien complicado, y quizá un vistazo en las regulaciones que se han establecido en Estados Unidos, que es el caso más cercano, nos pudiera dar una idea de lo muy amplia y también laxa que ha sido la regulación en Estados Unidos”. 

Sólo buenas intenciones

Pérez Salazar señala que existen iniciativas de regulación y modelos de gobernanza que proponen la participación de todos los sectores: Gobierno, expertos, académicos y sociedad civil, que pudieran establecer consensos sobre las maneras menos costosas y más prácticas para lograr una legislación efectiva, pero hasta el momento, son propuestas que se quedan en buenas intenciones.