Quito.- Las protestas registradas en Ecuador durante 31 días entre septiembre y octubre dejaron dos muertos, 473 heridos, 206 detenidos y 391 violaciones a los derechos humanos, de acuerdo al informe final elaborado por la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos.

Los fallecidos fueron dos manifestantes de comunidades indígenas que perdieron la vida por disparos presuntamente del Ejército, durante enfrentamientos cuando los militares trataban de desbloquear los cortes de carreteras para que posteriormente pudiesen pasar caravanas del Gobierno.

Al menos una docena de detenidos fueron procesados por la Fiscalía bajo cargos de terrorismo y enviados a prisión preventiva hasta que, una vez que cesaron las protestas, fueron puestos en libertad.

El informe, presentado el miércoles, detalló que entre las 391 vulneraciones de derechos humanos hubo 155 afectaciones a la integridad personal, 84 por vulneración del derecho a la protesta y la resistencia en estas movilizaciones convocadas por el movimiento indígena.

Asimismo, se registraron 44 afectaciones contra la libertad personal, 36 contra la libertad de expresión, 14 con amenazas al derecho a defender derechos, 11 por amenazas al derecho a la propiedad y ocho por amenazas graves al derecho a la vida, entre otros.

Por ello, concluyeron que el Estado utilizó aparatos institucionales para perseguir, estigmatizar y censurar a los manifestantes y recurrieron al derecho penal para perseguir a líderes y organizaciones, como el bloqueo de las cuentas bancarias de líderes indígenas.

Con todo, y más allá de las protestas por el paro, la Alianza señaló que Ecuador afronta un “deterioro democrático” desde la declaratoria de “conflicto armado interno” en enero de 2024 por parte de Daniel Noboa para combatir la escalada de inseguridad, con una ola de violencia sin precedentes al registrar más de 4.600 homicidios en la primera mitad de 2025.

La Alianza instó a los organismos internacionales de derechos humanos que “vigilen y exhorten” a las instituciones de gobierno a que se abstengan de limitar o vulnerar derechos de personas defensoras, en concreto, de los guardias indígenas comunitarios.

Estos, según el escrito, “forman parte de las instituciones propias de los pueblos indígenas y son esenciales para sus ejercicios de autodeterminación, así como de las defensoras y defensores que brindan acompañamiento técnico”.

Pedido para que el Gobierno investigue

Ecuador se vio envuelto durante 31 días entre los meses de septiembre y octubre en una serie de protestas y manifestaciones convocadas por el movimiento indígena en señal de protesta por el alza del precio del diésel, tras la eliminación por decreto y sin previo aviso del subsidio a este combustible.

La provincia de Imbabura, en el norte andino del país, se convirtió en el epicentro del paro y, por ende, fue la que más incidentes registró. De hecho, según los datos del informe, el 75 % de las violaciones de derechos humanos se produjeron en esta región y en Pichincha, donde se ubica Quito, capital del país.

Además, la Alianza instó al Estado ecuatoriano a investigar y sancionar las violaciones cometidas en todos los paros (2019, 2022 y 2025) y garantizar la reparación integral a las víctimas. También demandó a la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional que investiguen los casos.