Saltillo, Coah.- Dos hombres con un largo historial en el oscuro mundo de la compraventa irregular de autos usados y propiedades inmobiliarias volvieron a estar frente a la justicia.

Este jueves, Jorge Antonio “N” y Sergio Orlando “N” comparecieron en la Sala Penal Número 5 de Saltillo, señalados ahora por el delito de extorsión simple, pero arrastrando detrás de ellos un entramado de sospechas, acusaciones previas y carpetas abiertas en otros estados.

La causa penal 1784/2025 fue expuesta por el agente del Ministerio Público, quien detalló que los días 15 y 16 de enero Sergio habría hostigado telefónicamente a un comerciante identificado como Antonio “N”.

En esas llamadas, cargadas de presión y amenazas veladas, le exigía primero 400 mil pesos, y luego elevaba la demanda a 10 millones, citándolo en un lote de autos de la ciudad para entregar el efectivo.

Por temor, el comerciante acudió al lugar, donde encontró a Jorge Antonio rodeado de elementos federales, lo que en principio lo hizo creer que se haría justicia, hasta que los uniformados se comportaron de forma amenazante contra él.

Según el testimonio de la víctima, los uniformados sostenían una conversación directa con los presuntos extorsionadores al momento de la cita, una escena que hoy ha desatado nuevas sospechas dentro de la investigación.

Dado el antecedente expuesto en la audiencia, las autoridades ya indagan la posible participación de elementos federales en la operación, pues su presencia en el lugar resulta clave para esclarecer si actuaban como cómplices, facilitadores o encubridores del delito.

Bajo la presión del encuentro, en el que salieron a relucir armas, y actitudes violentas la víctima terminó abrumado, pero la presión no terminó ahí, días después las amenazas continuaron.

El Ministerio Público adelantó que presentará un dictamen psicológico que confirma el impacto emocional sufrido por el afectado, además de videos obtenidos en el sitio donde ocurrieron las amenazas presenciales.

La situación se complica aún más cuando se revisa el pasado de los acusados, pues en el estado de Nuevo León existen carpetas de investigación activas que los vinculan con múltiples lotes de compra–venta de vehículos robados o de procedencia dudosa, una red que las autoridades han descrito como parte de un esquema sostenido de fraude, alteración de documentos y transacciones ilegales.

Pese a que el Ministerio Público advirtió del riesgo de fuga, basado en la capacidad financiera de los acusados y su residencia fuera de Coahuila, el juez determinó que Jorge Antonio y Sergio Orlando continúen su proceso en libertad.

La audiencia de vinculación quedó programada para el 18 de noviembre, mientras la Fiscalía de Coahuila y las autoridades de Nuevo León estrechan el cerco no solo sobre los dos hombres, sino también sobre cualquier servidor público federal que pudiera haber colaborado en la operación delictiva.