En la redada del domingo, que sucedió sobre las 2 de la madrugada, las autoridades aseguran haber detenido a unas 140 personas de Venezuela, Honduras, México y otros “países latinoamericanos”.

El FBI y DHS aseguraron en el comunicado que el operativo tenía como objetivo irrumpir con la presencia del grupo criminal venezolano Tren de Aragua en la ciudad. Sin embargo, no entregaron hasta ahora más detalles sobre los detenidos, incluyendo si se presentaron cargos en su contra o si tenían antecedentes criminales.

Liliana Padilla, pastora de una iglesia metodista en San Antonio centrada en feligreses latinos, cuestionó la versión oficial, asegurando que en los últimos meses las autoridades han detenido a varias personas de la comunidad migrante sin antecedentes penales o causa aparente.

La lideresa, además, expresó preocupación de que la creación de este nuevo grupo de trabajo sea la “antesala” de una operación federal a gran escala, como las que el Gobierno Trump ha lanzado en ciudades como Chicago (Illinois), Washington D.C. o más recientemente Charlotte (Carolina del Norte).

Como parte de la promesa del Gobierno republicano de llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones en EE.UU., Trump ha enviado a cientos de agentes federales a varias ciudades del país, gobernadas por la oposición demócrata y donde hay en pie político para proteger a la comunidad migrante.

Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) han acusado al Gobierno de estar cometiendo abusos contra la población, por medio del arresto indiscriminado y “sin respeto por los derechos humanos” de personas migrantes o de origen latino.

En Chicago, solo 16 de más de 600 personas que fueron detenidas por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE) durante el operativo masivo que tuvo lugar en la ciudad y que permanecen bajo custodia del gobierno tiene antecedentes penales, según datos publicados este fin de semana por el diario local The Chicago Tribune.