Frontera, Coah.- Una mujer de 67 años de edad, denunció que la agente del Ministerio Público, Brisa Haydeé López Villalobos, se quedó con el dinero que recibió de los dos primeros pagos como reparación del daño del robo que fue víctima en manos de sus hijastros.

La denuncia fue expuesta durante la audiencia pública encabezada por el delegado regional Miguel Ángel Medina, donde se reveló que la funcionaria se habría quedado con 30 mil pesos, aprovechándose de la vulnerabilidad de la víctima.

La afectada, María Inés Pérez Torres, de 67 años de edad, señaló que sus hijastros Ángel y Giselle, junto con el esposo de ésta, Carlos, vaciaron su vivienda ubicada en el ejido Pozuelos, de Ciudad Frontera, llevándose muebles, un semanario y más joyería, además de mercancía de su negocio, todo valuado en alrededor de 450 mil pesos.

El caso y denuncia del robo que ocurrió en el mes de mayo de 2025, quedó en manos de la agente Brisa Haydeé López Villalobos, quien logró junto a los detectives la detención de los involucrados el 13 de junio del presente año y tras el arresto se pactó un acuerdo reparatorio de 160 mil pesos, mismos que serían pagados en mensualidades de 20 mil pesos.

Pero, según la sexagenaria, al recibir la primera mensualidad, la funcionaria le exigió que le entregara esos 20 mil pesos para hacerles el pago a los agentes de la Agencia de Investigación Criminal, argumentando que “se desvelaron y desgastaron trabajando en el asunto”.

María Inés, confiando en la autoridad en medio del dolor de su pérdida de la partida de su esposo Marcelino López, accedió a entregar los 20 mil a la Agente del Ministerio Público.

Sin embargo, al incumplirse el primer convenio, una nueva orden de aprehensión se emitió contra sus hijastros siendo cumplimentada el 18 de septiembre, donde de igual manera se fijó un nuevo convenio con pagos mensuales de 10 mil pesos y logrando su libertad los hijastros, pero al recibir el primer pago de 10 mil la ministerio público hizo lo mismo y se quedó con el pago.

Fue hasta que, María Inés, le contó la situación a una de sus hijas y éstas consultaron con abogadas en la ciudad de Torreón, revelándoles que ningún agente de investigación puede cobrarle un solo peso a una víctima, ya que su salario proviene de la Fiscalía General del Estado.

Por lo anterior, la familia presentó una denuncia formal en audiencia pública ante el delegado de la Región Centro, Miguel Ángel Medina, quien ordenó el traslado de la víctima a la Fiscalía de Monclova, donde instruyó a la agente señalada a regresar los 30 mil pesos cobrados de manera irregular.

Cabe señalar que el calvario de la señora María Inés comenzó tras la muerte de su esposo Marcelino, con quien compartió 17 años en una vivienda ubicada en el ejido Pozuelos y cuyos hijos de su esposo crió desde niños.
Pero todo cambió tras el fallecimiento de su esposo y padre de los jóvenes que intentaron despojarla de su casa utilizando escrituras falsas, pese a que el terreno es propiedad de la sexagenaria.