Erika, como prefiere que la llamen para evitar represalias, fue también estudiante de la UdeG y es egresada de la licenciatura en Trabajo Social. Ella fue detenida, golpeada y despojada de sus pertenencias, que aún no le regresan, y fue dejada en libertad el mismo 15 de noviembre por los policías cuando les demostró que es una persona trasplantada del riñón.

Su novio, cuya identidad también se protege para evitar que Erika sea reconocida, forma parte del grupo de 8 detenidos y procesados, cuya causa penal sigue sin definirse porque aunque les informaron que un juez federal se haría cargo del caso, hasta este miércoles eso no había ocurrido.

Ella acudió este miércoles junto a otros familiares de los detenidos a los juzgados de Puente Grande para presionar en la agilización del proceso, ya que la gran mayoría de los detenidos trabajan -salvo Josué Yahir, que estudia- y están en peligro de perder su sostén económico ante la lentitud y burocracia del sistema judicial.

Pero nadie les da razón, hay apoyo de colectivos sobre todo en el tema de asesoría legal, pero las autoridades o personal de “la ineficiente y vendida” Comisión Estatal de Derechos Humanos, brillan por su ausencia y por sus definiciones.

Tampoco les han regresado ni a ella ni a otros más de los 32 detenidos y dejados en libertad lo que los policías le robaron el 15 de noviembre, en particular dinero en efectivo y celulares.

Cepad exige inmediata libertad

La tarde del martes, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), emitió un pronunciamiento para exigir la inmediata liberación de los 8 detenidos en Puente Grande y el cese de las reservas legales con que fueron liberados los otros 32.

“Los policías aprehensores, los agentes del Ministerio Público y el juez Francisco Javier Castellanos de la Cruz, violaron los derechos de las 40 personas para no ser detenidas arbitrariamente, al debido proceso, a la presunción de inocencia, a que no se comentan actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes en su contra, a no ser discriminados, a la protesta y a la libertad de expresión”, dice una parte del documento.

“Reiteramos nuestra preocupación por la actuación del gobernador Pablo Lemus, quien de manera reiterada ha emitido discursos de criminalización y xenofóbicos sobre el caso, ha violentado la autonomía del Poder Judicial y los derechos a la presunción de inocencia y a la no discriminación de las personas detenidas”.

El escrito señala que resulta alarmante que las personas fueran detenidas “por ser jóvenes, por su apariencia física, por su vestimenta, por grabar los hechos o simplemente por encontrarse el día 15 de noviembre en las inmediaciones de la protesta”.