El nombramiento de Ernestina Godoy como Fiscal General de la República refuerza el papel de la mujer en el Gobierno y consolida el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. La Constitución señala el procedimiento de la elección, y la coalición Morena-PT-Verde, además de Movimiento Ciudadano, votaron por Godoy, cuya experiencia y afinidad con la jefa de Estado darán a la FGR el empuje que no logró desde su creación hace siete años. El éxito de la estrategia de seguridad depende precisamente de una procuración de justicia confiable y efectiva; y de una impartición, oportuna, imparcial e independiente.

En enero de 2024 Godoy había sido propuesta para un segundo periodo en la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, pero la falta de votos (tres) para alcanzar la mayoría calificada lo impidió. Los diputados de la alianza liderada por Morena votaron a favor, pero el PAN, PRI y PRD la bloquearon. Sheinbaum la nombró consejera jurídica de la presidencia. Las oposiciones se dieron así un tiro en el pie, pues ahora es fiscal general, y lo será por los próximos nueve años.

Las oposiciones y los grupos de poder saben que el movimiento en la FGR los debilita. Con Ernestina Godoy en la FGR, un poderoso —y además presidenciable— Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad, y una Suprema Corte de Justicia renovada y sometida a prueba, la oligarquía y los partidos bajo su órbita quedan neutralizados. El alineamiento de las instituciones responsables de afrontar la delincuencia organizada y de cuello blanco y combatir la impunidad, cierra fisuras que aprovechaban para presionar al Gobierno. Además, en la medida que la sociedad aprecie resultados tangibles —ciudades y carreteras seguras—, la estrategia de seguridad y justicia del Gobierno federal se acreditará y tomará vuelo.

Frente al riesgo de perder banderas, influencia y seguidores, los adversarios de la presidenta Sheinbaum volvieron a utilizar su caballo de batalla: la descalificación. El presidente de turno nombraba en el pasado al procurador general de la República. En diciembre de 1994 la Constitución se reformó para someter el nombramiento a la ratificación de la Cámara alta. El presidente Ernesto Zedillo, en un golpe de efecto, designó al panista Antonio Lozano Gracia para dirigir la PGR. Si el propósito era generar confianza en un país escéptico, la medida resultó contraproducente. Lozano y el fiscal especial Pablo Chapa Bezanilla contrataron los servicios de una vidente para localizar los restos del diputado Manuel Muñoz Rocha, supuesto cómplice de Raúl Salinas de Gortari en el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, exsecretario general del PRI y excuñado de los Salinas.

Los opositores de la 4T pusieron el grito en el cielo por la militancia partidista de Godoy y su cercanía con Sheinbaum, como si tales condiciones la inhabilitaran. No es así, pues todos los requisitos constitucionales los satisfizo. ¿Querían a un panista o a un priista y de fiscal a alguien con el perfil de Diego Fernández de Cevallos? La sucesión del camaléonico Alejandro Gertz Manero se resolvió desde que Godoy lo sustituyó provisionalmente. Los votos en el Congreso son extensión de la voluntad popular. Las oposiciones no incidirán en las decisiones fundamentales ni acotarán el poder presidencial, emanado de las urnas, mientras carezcan de propuestas y de apoyo ciudadano. Por ahora sólo les queda el desahogo y el derecho al pataleo.