Ciudad de México.– El gobierno de México aceptó su responsabilidad por la violación de los derechos humanos de Ernestina Ascencio Rosario, la mujer indígena náhuatl de 73 años que fue víctima de violación sexual y tortura por parte de soldados del Ejército en la Sierra de Zongolica, Veracruz, en 2007, y que condujo a su muerte.

La admisión se dio a conocer luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) notificara este martes la sentencia en la que halló al Estado mexicano responsable por su omisión en garantizar justicia a la víctima.

La Sentencia de la CoIDH

El tribunal interamericano dictaminó que el Estado fue omiso en su deber de proporcionar a Ernestina Ascencio y a sus familiares una atención médica oportuna y una investigación con “debida diligencia”.

La falta de acción estatal violentó múltiples derechos fundamentales, incluyendo:

– Derechos a la vida, integridad y salud.

– Derechos a la no discriminación y el acceso a la justicia.

– Derechos a la verdad y protección judicial.

De “Gastritis Crónica” a Responsabilidad de Estado

El crimen se perpetró el 25 de febrero de 2007, en el contexto de la llamada “guerra contra el narco” impulsada por el entonces presidente Felipe Calderón.

El gobierno panista se esforzó por desvincular al Ejército del crimen, negando las agresiones sexuales y la tortura, y atribuyendo la muerte de la mujer indígena a una supuesta “gastritis crónica”. Esta versión fue respaldada en su momento por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La impunidad en el país obligó a diversos colectivos a llevar el caso ante la CoIDH.

Gobierno Promete Reparación y No Repetición

En un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (SG) informaron que durante la audiencia de notificación en San José, Costa Rica (sede de la CoIDH), México aceptó formalmente su responsabilidad.

Las dependencias reconocieron la vulneración de los derechos humanos a la vida y la salud de la señora Ascencio, derivada de la “ausencia de servicios médicos oportunos y adecuados”. También admitieron que se vulneraron los derechos a las garantías judiciales, la protección judicial y la integridad personal de sus familiares.

” “La posición del Estado mexicano es siempre ser solidarios con las víctimas para conocer la verdad, garantizar justicia y la reparación del daño, así como la no repetición,” señalaron la SRE y la SG, comprometiéndose a analizar la sentencia y actuar siempre con una perspectiva de género y enfoque interseccional.