Bogotá.- El presidente de Gustavo Petro declaró a Colombia en emergencia económica por un periodo de 30 días ante una “inminente crisis fiscal”, luego de que el Congreso de la República archivara una reforma tributaria con la que el gobierno buscaba obtener recursos adicionales para el presupuesto de 2026.

El decreto permitirá al Ejecutivo adoptar impuestos especiales con el objetivo de alcanzar una meta de 41 mil millones de dólares, monto que, según el mandatario, se requiere para manejar las finanzas públicas el próximo año. Hasta ahora no se conocen los alcances específicos de la medida ni los tributos que se implementarían.

Contexto económico y presión fiscal

La economía colombiana se fortalece y supera las proyecciones de los analistas, quienes estiman un crecimiento del PIB de entre 2.6 y 2.7 por ciento hacia el cierre del año.

Sin embargo, el gasto público continúa creciendo de la mano del endeudamiento, sin un incremento proporcional de la recaudación. Entre 2023 y 2024, el déficit fiscal aumentó 2.5 puntos porcentuales, y especialistas prevén que el indicador supere el 7 por ciento en 2025.

Para cerrar esa brecha, el gobierno impulsó una nueva reforma tributaria que aspiraba recaudar cerca de 4 mil millones de dólares mediante nuevos impuestos, recursos que se sumarían al presupuesto nacional de 2026.

Choque con el Congreso y advertencias del Ejecutivo

El proyecto fue archivado a inicios de este mes por el Congreso, pese a las advertencias de Petro sobre posibles recortes a la inversión pública si no se conseguían nuevas fuentes de financiamiento.

De acuerdo con el decreto firmado por el mandatario, el país enfrenta una “inminente crisis fiscal” que podría provocar un “ajuste drástico” en las finanzas del Estado y afectar el bienestar de la población.

“ El gobierno no va a dejar que se desate una crisis”, escribió Petro en la red social X tras el revés legislativo. “Si no hay emergencia económica, hay recorte”, advirtió.

Petro, primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, promovió desde el inicio de su mandato en 2022 reformas estructurales en materia tributaria, de salud y laboral. A ocho meses de dejar el poder, solo las reformas laboral y pensional lograron convertirse en ley.

Marco legal, antecedentes y control constitucional

Con la declaratoria de emergencia, el gobierno busca “garantizar la recuperación de los recursos que el Congreso dejó sin financiamiento”, afirmó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien adelantó el anuncio en una conferencia de prensa.

En Colombia, la emergencia económica está prevista en el artículo 215 de la Constitución Política, que faculta al Ejecutivo a expedir decretos con fuerza de ley por hasta 30 días, prorrogables a un máximo de 90 días en el año, exclusivamente para conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos. Estas medidas están sujetas al control automático de la Corte Constitucional y deben guardar relación directa con la situación que motiva la emergencia.

Según datos del Ministerio de Hacienda, el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central cerró 2024 en 6.8% del PIB, frente a 4.3% en 2022, mientras que la deuda pública bruta superó el 60% del PIB, un nivel que diversos analistas consideran cercano al umbral de sostenibilidad bajo la regla fiscal vigente.

En episodios anteriores, como la emergencia económica declarada en 2020 por la pandemia de covid-19, el Ejecutivo utilizó esta figura para crear impuestos temporales y reorientar el gasto público. No obstante, varios decretos fueron modificados o anulados posteriormente por la Corte Constitucional, un antecedente que anticipa que las nuevas medidas deberán ser temporales, específicas y sólidamente justificadas en términos fiscales y sociales.