Chilpancingo, Gro. – El sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos de las Víctimas “Minerva Bello” y figura clave en la búsqueda de paz en Guerrero, se ha visto obligado a abandonar la entidad tras recibir amenazas de muerte directas por parte de grupos delictivos.

El “Padre Fili”, como es conocido popularmente, confirmó su situación de desplazamiento forzado a través de un mensaje en sus redes sociales. En el texto, el religioso solicitó apoyo económico a la comunidad, debido a que su salida abrupta lo dejó sin sus ingresos ordinarios y con la necesidad de costear necesidades básicas en un lugar seguro.

“No queremos más mártires”: Diócesis confirma el riesgo

El obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, ratificó que el traslado del clérigo a otro estado fue una medida necesaria para salvaguardar su vida. Según el jerarca, la labor del sacerdote en procesos de reconciliación y acompañamiento a víctimas lo convirtió en un objetivo de alta prioridad para la delincuencia.

” “Existen amenazas directas e incluso, aun con escoltas, el riesgo sigue siendo alto. No queremos más mártires, queremos sacerdotes vivos que sigan ayudando”, sentenció el obispo González Hernández.

Los Ardillos y el historial de agresiones

Fuentes eclesiásticas y activistas vinculan estas amenazas con el grupo criminal Los Ardillos, que mantiene una fuerte hegemonía en la zona centro de Guerrero. Este hostigamiento ocurre bajo un antecedente de extrema violencia contra la Iglesia: en octubre de 2025, el sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada fue ejecutado en el municipio de Zumpango.

Para Velázquez Florencio, este no es el primer encuentro con la violencia. El 10 de octubre de 2023, el activista sobrevivió a un atentado tras salir de una reunión en la Normal de Ayotzinapa, donde su vehículo fue blanco de múltiples disparos, obligándolo a huir a pie para salvar la vida.

Un perfil bajo para sobrevivir

Por instrucciones de la jerarquía católica, se ha pedido al “Padre Fili” que mantenga un perfil bajo en su nueva ubicación. Su desplazamiento deja un vacío en la defensa de los derechos humanos en una de las regiones más convulsas del país, donde los religiosos que intentan mediar en conflictos quedan expuestos a represalias directas por parte de los carteles locales.