Estados Unidos.- Una denuncia dada a conocer este miércoles por un informante del gobierno de Estados Unidos señaló que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) autorizó a sus agentes a ingresar por la fuerza a domicilios sin orden judicial en casos de personas con órdenes finales de deportación, lo que representa un giro frente a reglas históricas de la propia agencia, informó CBS News.

De acuerdo con el documento, un memorando fechado en mayo de 2025 y firmado por el director interino de ICE, Todd Lyons, permite a los agentes recurrir a órdenes administrativas de inmigración —emitidas por funcionarios y no por jueces— para ingresar a residencias y efectuar arrestos.

Durante décadas, ICE sostuvo que este tipo de órdenes no eran suficientes para allanar hogares, en atención a las protecciones constitucionales contra registros sin autorización judicial.

La directiva mantiene que, tras una revisión legal interna, el Departamento de Seguridad Nacional concluyó que la Constitución, la Ley de Inmigración y Nacionalidad y las regulaciones vigentes no prohíben el uso de órdenes administrativas para este fin.

El memorando faculta a los agentes a emplear “la cantidad de fuerza necesaria y razonable” para entrar a un domicilio si no se les permite el acceso, siempre que previamente se identifiquen y actúen entre las seis de la mañana y las diez de la noche.

El Departamento de Seguridad Nacional defendió la medida al afirmar que las personas sujetas a estas acciones ya contaban con “el debido proceso completo” y una orden final de expulsión emitida por un juez migratorio.

Sin embargo, especialistas y organizaciones civiles anticipan que la directiva enfrentará impugnaciones legales, al considerar que vulnera la Cuarta Enmienda, que limita los registros y decomisos sin orden judicial.

Según la denuncia, el memorando no fue difundido de manera amplia dentro de ICE, pero sí utilizado para capacitar a agentes. La organización Whistleblower Aid, que representa a los denunciantes, advirtió que se trata de una “flagrante violación constitucional”, en un contexto marcado por reportes recientes de allanamientos sin orden, incluso en viviendas de ciudadanos estadunidenses.