Ciudad de México.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su administración podría llevar a cabo ataques terrestres contra cárteles de la droga “en cualquier lugar”, incluidos países como México, Centroamérica y Sudamérica, en un cambio de enfoque hacia el combate del narcotráfico, según una entrevista publicada este sábado por The New York Post.

Durante la entrevista desde la Oficina Oval, Trump aseguró que su gobierno tiene información detallada sobre las rutas y ubicaciones de los grupos del narcotráfico y sostuvo que “vamos a atacar a los cárteles”.

” “Conocemos sus rutas, conocemos sus hogares, lo sabemos todo sobre ellos”, dijo el mandatario al ser cuestionado sobre la intención de extender las operaciones más allá de los cuerpos de agua.

Al ser preguntado si estos ataques podrían ocurrir en territorio mexicano, venezolano o colombiano, Trump respondió:

” “Podría ser en cualquier lugar”.

La declaración marca una ampliación del discurso de Washington sobre estrategias antidrogas. Trump destacó que su administración ha logrado interceptar el 97 por ciento de las drogas transportadas por vía marítima mediante operaciones militares en océanos Pacífico y Caribe, y manifestó su intención de replicar ese éxito en tierra firme.

La postura del mandatario se inscribe en una política de presión sobre los gobiernos de la región para intensificar la lucha contra el narcotráfico, y ha generado preocupación en varios países. Autoridades mexicanas, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, han rechazado propuestas que impliquen la intervención de fuerzas armadas de Estados Unidos en su territorio, subrayando el respeto a la soberanía nacional.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha señalado que la mayor parte de las drogas ilícitas que ingresan al país desde el extranjero lo hacen por tierra a través de la frontera con México, aunque estos señalamientos suelen formularse sin presentar pruebas públicas específicas.

La posibilidad de desarrollar operaciones terrestres en países vecinos representa un giro significativo en la política antidrogas de Washington, que hasta ahora se había centrado principalmente en esfuerzos de interdicción marítima y en medidas de cooperación con autoridades regionales.