Ciudad de México.– Expertos del sector aeronáutico y legal lanzaron un llamado de alerta sobre la crisis operativa que atraviesa el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), calificando a la terminal como un activo “enfermo” que requiere recuperar urgentemente su capacidad operativa de hace una década.

El estrangulamiento de los “slots”

Durante una conferencia en el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Juan Carlos Machorro, socio del despacho Santamarina y Steta, señaló que la reducción de slots (horarios de aterrizaje y despegue) carece de sustento técnico y legal sólido. El especialista instó a las autoridades a restituir las 60 operaciones por hora que el aeropuerto manejaba históricamente, contrastando con el límite actual.

” “Debemos regresar al AICM su capacidad de slots. Es urgente devolverle la operatividad que tenía hace alrededor de una década”, afirmó Machorro.

El impacto de las restricciones

La cronología de la reducción operativa muestra un estancamiento en la conectividad de la capital:

– 2023: El Gobierno Federal recortó un 20% la capacidad, bajando de 52 a 43 operaciones por hora.

– Mayo 2025: A pesar de un intento por aliviar la saturación, el incremento fue marginal, pasando de 43 a apenas 44 operaciones.

El propio Grupo Aeroportuario Marina admitió recientemente que este tope operativo limita drásticamente la oferta de nuevos vuelos, frenando la competitividad de la principal puerta de entrada al país.

Crisis de infraestructura y el peso del TUA

Uno de los puntos más críticos señalados por los analistas es el destino de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA). Actualmente, estos ingresos no se reinvierten en las deterioradas instalaciones del AICM, sino que se destinan íntegramente al pago de la deuda generada por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.

José Serur, analista del sector, coincidió en que el aeropuerto requiere una reingeniería profunda. Para los especialistas, la solución no solo pasa por permitir más vuelos, sino por liberar los recursos del TUA para garantizar una infraestructura digna y segura que beneficie a los usuarios.