El desespero de las oposiciones y de los poderes fácticos por culpar a la 4T de la violencia política es tal que la elevación precipitada de Carlos Manzo a los altares patrios, cual mártir moderno de la democracia, terminó eclipsada. El asesinato del Alcalde independiente de Uruapan no lo urdió el Estado, como acusaban y convenía a sus intereses. Fue el resultado de una serie de factores, sin descartar la felonía. La detención de escoltas, sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación y la del supuesto autor intelectual sumó la de un par de piezas claves de la trama. Samuel García Rivero, exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo del Ayuntamiento, acusado de intercambiar información sobre las actividades de Manzo por droga, y el taxista que sirvió de enlace el 1 de noviembre, día del crimen.

El vacío de información lo llena la especulación. En este caso, la respuesta de los gobiernos federal y del estado ha permitido armar una buena parte del rompecabezas. La agresión contra Manzo provino de una organización criminal ya identificada. El Alcalde era una figura local en ascenso con posibilidades de ampliar su influencia según avanzara su movimiento político, conocido como el del Sombrero. La tarea corresponde ahora a su viuda y sucesora, Grecia Quiroz, y a los cuadros de esa corriente. Las oposiciones deben abandonar el oportunismo y construir liderazgos propios en vez de lucrar con causas ajenas en momentos de desgracia.

Los errores del equipo de seguridad de Manzo y la incorporación de gente extraña a su primer círculo, como el encargado de su agenda, evidencian descuidos graves o un exceso de confianza inadmisible, máxime en un estado y un municipio con las características de Michoacán y Uruapan, donde el narcotráfico tiene una fuerte presencia y ha puesto en jaque a las autoridades. La vieja partidocracia culpó a la 4T del atentado. Morena acusó al PAN y al PRI de aprovechar el asesinato para desestabilizar al Gobierno e incitar al Presidente estadunidense a enviar tropas a nuestro país para afrontar a los cárteles.

La detención y vinculación a proceso de García Rivero encendió algunas alarmas. Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía en la administración de Enrique Peña Nieto, negó haber intervenido para que Samuel “N”, excolaborador suyo en el Congreso, fuera integrado al Gobierno de Uruapan. Guajardo –crítico de AMLO y de la presidenta Sheinbaum– y Manzo pertenecieron a la LXV Legislatura; uno por el PRI, y otro por Morena. “Al finalizar mi periodo en la Cámara de Diputados el 31 de agosto de 2024, concluyó la relación con dicha persona”, asienta en su cuenta de X. “Dejo claramente establecido que la incorporación de Samuel ‘N’ a sus nuevas responsabilidades, no contó con la recomendación ni verbal, ni escrita de un servidor”.

El Gobierno federal tomó en sus manos el caso para cubrir todos los frentes, evitar tergiversaciones y llegar al fondo del crimen. Las investigaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch, empiezan a estrechar el cerco. El deslinde de Guajardo tras la captura de García Rivero refleja preocupación. Si se descubre que el asesinato del Alcalde uruapense formó parte de una trama de alcance mayor, faltaría atrapar a los peces gordos. Y si no es así, su esclarecimiento y castigo podrían significar los primeros pasos para poner orden en el estado. Así, la muerte de Manzo no habría sido en vano.