Ciudad de México.- Expertos en ingeniería civil y logística de la Universidad Iberoamericana (UIA) echaron por tierra el informe de la FGR sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico, que atribuyeron a condiciones de obsolescencia técnica y deficiencias estructurales.

El diseño de la vía, de los años 30, es la misma, no fue diseñada para pasajeros, además, los trenes ya eran chatarra, los viejos durmientes de madera coexisten sin orden con los nuevos de concreto y se trató de rehabilitar al capricho del tiempo político, afirmaron en una conferencia ante alumnos de la UIA.

“ La línea Z del Corredor Interoceánico es una vía histórica y la rehabilitaron lo mejor que pudieron, sin embargo, hubiera sido deseable cambiar los radios de giro, pero eso no se hizo”, dijo el ingeniero civil Agustín Ortega García, especializado en caminos y ferrocarriles en la Universidad Técnica de Delft, Países Bajos.

En tanto, Manuel del Moral Dávila, ingeniero civil por la UIA y miembro fundador del Consejo Nacional de Ejecutivos en Logística y Cadena de Suministro, advirtió sobre los durmientes.

“ Concluyen expertos que el Tren Interoceánico es obsoleto; desestiman informe de FGR
Hay durmientes que son de madera y hay durmientes que son de concreto y sí pueden coexistir, pero se tiene que hacer una transición, porque si no, estás jugando con diferentes masas y rigideces. Hay soluciones técnicas, utilizar almohadillas, y aquí lo que vemos es una vía comprometida”, indicó.

“ Todo esto en conjunto con el balasto, cuestionado sobre su control de calidad, pues no es la combinación que se quiere tener. Pero este tema no aparece en el primer informe de la Fiscalía y creemos que se debe desechar”, agregó.

A prisión conductor y despachador

Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón, conductor y jefe de despachadores, fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, informaron fuentes judiciales.

Además, se les dictó prisión preventiva, por lo que ambos fueron ingresados al penal estatal El Amate, en Cintalapa.

De ser declarados culpables, podrían alcanzar una pena de 5 a 20 años de cárcel por homicidio culposo, así como la destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación para obtener otros de la misma naturaleza.