Tuxtla Gutiérrez, Chis.- El Congreso de Chiapas aprobó este viernes reformas al Código Penal para tipificar como delito la cohabitación forzada de menores de 18 años, estableciendo penas que van de los 8 a los 15 años de prisión.

La iniciativa, aprobada con una amplia mayoría de 37 votos a favor y solo uno en contra, surge como respuesta a la alarmante persistencia de uniones infantiles en la entidad, frecuentemente amparadas bajo el argumento de “usos y costumbres” en comunidades rurales e indígenas.

La nueva legislación no solo contempla la cárcel, sino también multas que oscilan entre los mil y dos mil 500 días de salario mínimo. Además, se estableció que la sanción aumentará cuando la víctima pertenezca a comunidades indígenas o grupos afromexicanos, buscando ofrecer una protección reforzada a quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, explicó que se penalizará a cualquier persona que obligue, coaccione, induzca o solicite la unión, gestione u oferte a un menor de edad para estos fines, así como participe en la cohabitación con alguien que no tenga capacidad para comprender el hecho de vivir de manera informal con otra persona.

El detonante: Casos críticos en San Cristóbal de las Casas

La urgencia de esta reforma se acentuó tras casos recientes que conmocionaron a la opinión pública. Entre ellos, el de una niña tzotzil de 14 años cuyo embarazo de alto riesgo puso en peligro su vida y la de su bebé en el Hospital de las Culturas, en San Cristóbal de las Casas.

Al respecto, la colectiva feminista 50 más 1 ha denunciado que estos hechos no son aislados, sino parte de un problema estructural.

Aunque en junio de 2024 se prohibió el matrimonio infantil, la organización advirtió que en la práctica las uniones informales continuaban sin castigo, manteniendo a Chiapas en los primeros lugares nacionales de embarazo adolescente.

Un freno a los “usos y costumbres”

La diputada tseltal Rosa Linda López Sánchez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y promotora de la iniciativa, enfatizó que el propósito es erradicar las uniones que “arrebatan la infancia, aumentan la violencia doméstica y limitan el desarrollo de niñas y adolescentes”.

Con esta reforma, el Estado busca garantizar que las menores no sean forzadas a mantener una relación “parecida al matrimonio”, cerrando el vacío legal que permitía estas prácticas fuera del marco del Registro Civil.