Washington, Estados Unidos.-  Un grupo de organizaciones de derechos civiles presentó este lunes una demanda federal contra el Departamento de Estado de Estados Unidos, al considerar que la reciente suspensión del procesamiento de visados migratorios para ciudadanos de 75 países vulnera el marco legal que ha regido la política migratoria durante décadas.

La querella fue ingresada ante un tribunal federal de Manhattan y solicita que un juez bloquee la medida, que entró en vigor el 21 de enero. De acuerdo con los demandantes, la decisión se sostiene en argumentos sin sustento factual y reproduce estigmas históricos contra comunidades migrantes.

Según el documento judicial, la política parte de la premisa de que los nacionales de los países afectados buscan ingresar a Estados Unidos para beneficiarse indebidamente de apoyos sociales y que es probable que se conviertan en “cargas públicas”, una afirmación que los abogados califican como demostrablemente falsa.

La demanda fue promovida por el Centro Nacional de Leyes de Migración, junto con otras organizaciones, en representación de diversos afectados. Entre ellos hay ciudadanos estadounidenses que aseguran haber sido separados de sus familiares por la suspensión de trámites consulares.

También figura el caso de un endocrinólogo colombiano al que ya se le había aprobado un visado de trabajo, pero que no ha podido recibirlo debido a que Colombia fue incluida en la lista de países sujetos a la pausa.

La medida impacta a solicitantes de América Latina, como Brasil, Colombia y Uruguay; de los Balcanes, entre ellos Bosnia y Albania; del sur de Asia, como Pakistán y Bangladesh, así como de diversas naciones de África, Medio Oriente y el Caribe.

El Departamento de Estado no respondió de inmediato a solicitudes de comentario. No obstante, un cable diplomático al que tuvo acceso Reuters señala que la dependencia realiza una “revisión completa” de sus políticas para garantizar el máximo nivel de selección y control de quienes solicitan visados.

El mismo documento sostiene que los solicitantes de los 75 países afectados presentan un alto riesgo de depender de recursos públicos locales, estatales o federales.

La política no incluye los visados de visitante, un punto relevante en un año marcado por eventos internacionales como el Mundial de futbol y, a mediano plazo, los Juegos Olímpicos de 2028. Para los demandantes, sin embargo, la medida abre la puerta a una discriminación sistemática que golpea directamente a familias, profesionales y comunidades enteras.