Washington, Estados Unidos.-  El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha cambiado su enfoque en la lucha contra los cárteles de drogas mexicanos, dirigiéndose directamente a quienes manejan sus finanzas. Según fiscales, los intermediarios financieros han adaptado sus métodos ante la presión de las fuerzas del orden, trasladando cada vez más ganancias a través de criptomonedas desde ciudades estadounidenses hacia los líderes de los cárteles en México.

Casos recientes de cuatro acusados enviados a Estados Unidos desde México ofrecen un panorama de las complejas redes de lavado de dinero que sostienen operaciones del Cártel de Jalisco Nueva Generación y otros grupos violentos. Al apuntar a los intermediarios en lugar de los traficantes de calle, los fiscales buscan atacar un eslabón crítico que mantiene el flujo de dinero que permite a los cárteles operar.

“Si cortas el dinero, dañas a los cárteles, y eso es lo que tratamos de hacer”, declaró A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la división penal del Departamento de Justicia, en entrevista con The Associated Press.

Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, México ha transferido a Estados Unidos a más de 90 acusados de alto nivel, vinculados con narcotráfico, tráfico de personas y lavado de dinero. Las autoridades buscan no solo castigar a los acusados, sino también obtener información que permita llegar a líderes de mayor rango en los cárteles.

Los acusados recientes supervisaban el movimiento de ganancias del narcotráfico y cobraban una comisión por su traslado. Según los documentos judiciales, coordinaban la recogida de efectivo en varias ciudades de EE. UU. y lo ocultaban, recurriendo cada vez más a activos digitales a medida que las rutas tradicionales se volvían más difíciles.

“Queremos entender cómo funciona la distribución, quiénes están involucrados y qué métodos utilizan para sacar el dinero de Estados Unidos”, explicó Duva. “Hay contrabando de efectivo desde siempre, pero ahora se usan criptomonedas como parte de las operaciones”.

Los acusados Eduardo Rigoberto Velasco Calderón, Eliomar Segura Torres, Manuel Ignacio Correa y César Linares Orozco enfrentan cargos de conspiración para lavado de dinero en Kentucky. La transferencia de 37 acusados en enero fue la tercera desde México bajo esta administración, y generó debate legal sobre la legitimidad de las extradiciones. México sostiene que las transferencias fueron legales y realizadas en nombre de la seguridad nacional.

Estados Unidos busca golpear el sistema financiero que sostiene a los cárteles, adelantarse a sus métodos más sofisticados y debilitar la estructura que les permite introducir drogas en las comunidades estadounidenses.