Caracas, Venezuela.– En una jornada marcada por testimonios de alto impacto emocional, la Asamblea Nacional (AN) y el Programa para la Convivencia y la Paz ratificaron este martes su compromiso de mantener abiertas las consultas públicas sobre el proyecto de Ley de Amnistía. La iniciativa, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, busca ser el eje de un proceso de “entendimiento nacional” tras años de conflicto político.

Una jornada de testimonios y apertura

El coordinador del programa y ministro de Cultura, Ernesto Villegas, informó que las audiencias con familiares de presos políticos continuarán este miércoles. Tras una primera sesión de cinco horas en el Palacio Federal Legislativo, Villegas subrayó la necesidad de una escucha activa por parte de la sociedad venezolana.

” Todos los testimonios nos tocaron el corazón. Creo que todos los venezolanos estamos en una hora de abrirnos al entendimiento”, declaró el funcionario ante la prensa.

Cifras y alcances de la sesión:

– Testimonios: Cerca de 40 familiares de detenidos en cárceles como El Rodeo I, Yare, Tocuyito y Ramo Verde fueron escuchados.

– Consenso legislativo: El diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión especial, aseguró que la intención es redactar una ley “lo más amplia posible”.

– Postura opositora: El diputado Antonio Ecarri calificó como un paso “fundamental” que el Parlamento haya abierto sus puertas para atender directamente a las familias afectadas.

La “letra pequeña” que preocupa a las ONG

Pese al optimismo oficial, organizaciones civiles y familiares han encendido las alarmas sobre posibles exclusiones en el texto actual. Margareth Baduel, de la ONG Clipp, advirtió que la redacción vigente del Artículo 6 podría dejar en prisión a más de 500 personas.

El conflicto de los plazos:

– Propuesta general: La amnistía cubriría casos desde 1999 hasta enero de 2026.

– El obstáculo: El Artículo 6 especifica años puntuales (como 2002, 2014, 2017, 2019 y 2024), lo que genera lagunas legales para quienes fueron detenidos fuera de esos periodos específicos.

Por su parte, familiares como Sandra Hernández, esposa del sargento Luis Bandres, exigieron que la ley no solo libere a los presos, sino que se convierta en una reforma profunda que evalúe el sistema de justicia y sancione a los ejecutores de tratos crueles y torturas.

Discrepancia en las cifras de liberación

Mientras el proyecto se encamina a su aprobación definitiva esta semana, las cifras sobre las recientes excarcelaciones muestran inconsistencias:

Fuente	Cifra de excarcelaciones reportadas
Gobierno Encargado	897 personas (desde diciembre)
Foro Penal (ONG)	431 casos verificados (desde el 8 de enero)

Hasta el momento, no existe un listado oficial que unifique ambos reportes, lo que mantiene en vilo a cientos de familias que esperan la publicación del documento final para conocer el destino de sus seres queridos.