Washington, DC.- Ante una Corte del Distrito de Columbia, el Departamento de Justicia  de Estados Unidos busca probar que Miguel Ángel Treviño Morales, “Z-40”, es el autor intelectual y material de las masacres de Allende y Piedras Negras, en 2011.

Además, el Departamento de Justicia señaló la existencia de evidencia de que, después de su detención, en 2013, Treviño Morales continuó delinquiendo desde prisión y que, incluso, sobornó al director de un penal de máxima seguridad en México para que permitiera su amplia operación criminal. 

Estos aspectos fueron adelantados por los fiscales de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos, de la División Criminal del Departamento de Justicia, en un escrito dirigido al juez Trevor McFadden.

En este se oponen a la solicitud hecha por los abogados del “Z-40”, para que le sean levantadas las medidas especiales de seguridad que han restringido al mínimo su contacto con el exterior. 

Al describir el perfil criminal de Treviño Morales, los fiscales señalaron que desde el 2008 era el segundo al mando de los Zetas y a partir de 2012 se convirtió en su líder. 

De acuerdo a la acusación, tradujo ese liderazgo no sólo en operaciones de narcotráfico, sino en hechos de extrema violencia, entre ellos “ejecución de decenas de personas”, en marzo de 2011 en la Región Norte de Coahuila, lo que incluyó a hombres, mujeres y niños. 

Fecha clave

Las masacres de Allende y Piedras Negras, ocurridas en 2011 en Coahuila, llegaron hasta los tribunales de EU, donde el Departamento de Justicia afirma que probará en juicio que Miguel Ángel Treviño Morales, el “Z-40”, fue el autor intelectual y material del asesinato de hombres, mujeres y niños. 

Además, el Departamento de Justicia señaló que hay evidencia de que, después de haber sido detenido en 2013, Treviño Morales continuó delinquiendo desde prisión y que, incluso, sobornó al director de un penal de máxima seguridad en México para que permitiera su amplia operación criminal. 

Estos aspectos fueron adelantados por los fiscales de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos, de la División Criminal del Departamento de Justicia, en un escrito dirigido al juez Trevor McFadden, en el cual se oponen a la solicitud hecha por los abogados del “Z-40”, para que le sean levantadas las medidas de seguridad que han restringido su contacto con el exterior. 

Milenio publicó que el 19 de enero, Treviño presentó una moción en la Corte solicitando formalmente la eliminación de Medidas Especiales Administrativas (SAM, por sus siglas en inglés), las cuales son un régimen de encarcelamiento especial para terroristas y delincuentes de alta peligrosidad; y que, en su caso, fueron aprobadas directamente por la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi. 

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Así ha sido el proceso

Según los abogados, su cliente se encontraba en condiciones de “segregación” y aislamiento “injustificado”, pues ni durante su tiempo en prisión en México ni desde que fue expulsado hacia Estados Unidos tenía un historial de comportamiento negativo. Incluso sostuvieron que en los últimos años había leído más de mil libros, practicado yoga, entre otros argumentos. En su respuesta, los fiscales describieron a un criminal totalmente distinto y aseguraron que, como probarán en juicio, se trata de uno de los capos del narcotráfico más violentos que han operado este siglo, y requiere ser mantenido con las mayores medidas de seguridad disponibles en la cárcel de Virginia, donde se encuentra recluido desde marzo de 2025. 

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Fue líder de un cartel increíblemente violento, el cual es una organización terrorista extranjera designada; ha operado su organización tanto dentro como fuera de custodia; y ha empleado violencia, secuestro y tortura para tomar represalias contra testigos y autoridades. 

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Existe un riesgo sustancial de que las comunicaciones o contactos del acusado con ciertos terceros puedan resultar en muerte o lesiones corporales graves, incluyendo posibles testigos en este caso” , afirmaron los fiscales. 

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Masacres y sobornos 

Al describir el perfil criminal de Treviño Morales, los fiscales señalaron que desde el 2008 era el segundo al mando de los Zetas, una de las organizaciones delictivas más violentas en el hemisferio; y a partir de 2012 se convirtió en su líder. 

En 2013, aún encarcelado, siguió dirigiendo a la organización delictiva que a la postre se transformaría en el cártel del Noreste. Treviño tradujo ese liderazgo no sólo en operaciones de narcotráfico, sino en hechos de extrema violencia, entre ellos “ejecución de decenas de personas” , en marzo de 2011, en Piedras Negras y en Allende, Coahuila. 

Esto, en represalia por la colaboración que gente de su grupo criminal había brindado a agencias estadunidenses, específicamente a la DEA. “Como demostrará la evidencia en el juicio, los asesinatos ocurrieron porque el acusado (Treviño Morales) sospechaba que un miembro del cártel había proporcionado información sobre él a las autoridades estadunidenses”, indicaron los fiscales. 

La ola de venganza de Treviño Morales fue, según lo expuesto por los fiscales, en dos momentos. El primero tuvo como blanco a personas allegadas al supuesto colaborador de la DEA que se encontraba en Piedras Negras. El tema terminó con la masacre. 

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(Treviño Morales) encabezó un convoy de hombres armados hacia Piedras Negras, Coahuila, donde secuestraron a varios familiares y asociados del presunto informante. El acusado ordenó a sus hombres llevar a las víctimas secuestradas a un campo de futbol a las afueras de la ciudad, donde fueron ejecutadas a disparos. Entre las víctimas había niños y otras personas que no estaban involucradas en el narcotráfico”, indica el documento.

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Unos días después, el “Z-40” envió un convoy de hombres armados a la localidad de Allende, para ejecutar una segunda ola de secuestros y asesinatos. Todo ello con el objetivo de mandar un mensaje de represalia a personas ligadas con los supuestos “traidores”. “(Treviño) envió hombres armados al cercano pueblo de Allende, donde mataron a decenas de residentes más, muchos de los cuales  tampoco tenían relación directa con el cartel ni con el narcotráfico. 

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Al hacerlo, el acusado transmitió el mensaje de que él y su cártel castigarían la cooperación con las autoridades con la muerte, y no sólo la muerte de la persona sospechosa de cooperar, sino también la de sus familiares, asociados y otras personas con vínculos apenas tangenciales con ellos” , agregaron los funcionarios del Departamento de Justicia. 

Además de este patrón de violencia, los fiscales agregaron que las pruebas con las que cuentan documentan la actividad delictiva que Treviño continuó llevando a cabo aun estando recluido. Ello ocurrió incluso en un penal federal de máxima seguridad gracias a la corrupción del director de dicha instalación.

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En el juicio, el gobierno presentará pruebas de que el acusado y su hermano Omar sobornaron a funcionarios encargados de las instalaciones en las que estaban recluidos, incluyendo al director de al menos una prisión de máxima seguridad, y que el acusado utilizó intermediarios para transmitir mensajes y órdenes a miembros del cártel en el exterior” , subrayaron los fiscales. 

En ese contexto, los funcionarios del Departamento de Justicia insistieron en la aplicación de las SAM en contra de Treviño, en la cárcel de Virginia, para contener su actividad delictiva y, a su vez, salvaguardar la integridad de investigadores y potenciales testigos en su caso. Como líder de los Zetas, Miguel Ángel Treviño habría ordenado varias masacres. 

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No está incomunicado 

Los fiscales indicaron que, pese a la dureza del régimen especial aplicado a Treviño, este no se encuentra ni incomunicado ni segregado, como sostuvieron sus abogados, ni tampoco ha sido sometido a tratos crueles o degradantes. Explicaron que hasta la fecha, 16 personas entre abogados e investigadores de su equipo y familiares directos han recibido aprobación para visitarlo en el centro penitenciario y que ha habido días en los que ha sostenido hasta siete horas de visita. 

Agregaron que desde que el “Z-40” fue expulsado de México y tras la imposición de las SAM ordenadas por la fiscal general, se le ha permitido sostener dos llamadas de 15 minutos con sus familiares cada dos semanas. Negaron que el capo se encuentre encadenado y esposado todo el tiempo, como se argumentó en la moción de su equipo de defensa. 

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Conforme a la política del centro de detención, el acusado es esposado y encadenado cuando se traslada de un lugar a otro dentro de la instalación, pero las restricciones le son retiradas al llegar a su destino. 

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Hace aproximadamente dos meses, el acusado presentó una solicitud para que se le retiraran las restricciones durante las visitas. El centro concedió dicha solicitud. El acusado no se encuentra sujeto con restricciones cuando está en su celda, cuando recibe visitas, en la ducha o en el área de recreación” , indicaron los fiscales. 

Rechazan quitar cargos 

El Departamento de Justicia también respondió a una segunda moción presentada por la defensa del capo mexicano en la que se solicitaba retirar algunos de los cargos presentados en contra de su cliente en la acusación original, Entre ellos, los relacionados con homicidio y crimen organizado, bajo el argumento de que los señalamientos eran demasiado generales y difusos, lo que hacía imposible construir una estrategia de defensa.

Los fiscales pidieron al juez que desestime dicha petición, pues la consideraron prematura. Entre otras cosas, indicaron, se está preparando una sexta acusación suplementaria en contra de Miguel Ángel y de su hermano Omar Treviño, el “Z-42”, en la cual se ampliarán detalles de los cargos. 

Agregaron además que la acusación es una descripción general de las conductas delictivas que se imputan, pero que los datos específicos, como, por ejemplo, los detalles de homicidios que se imputan u operaciones de narcotráfico, se encuentran contenidos en los paquetes de evidencia que se están entregando a la defensa.