Washington, Estados Unidos.-  El gobierno del presidente Donald Trump dio un paso que ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos: autorizó a los funcionarios de migración a detener a refugiados legales que esperan su tarjeta de residencia, con el objetivo de someterlos a un nuevo escrutinio.

Según un memorándum interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fechado el 18 de febrero y presentado ante un tribunal federal, los refugiados deberán volver a estar bajo custodia del gobierno un año después de su ingreso para ser reinspeccionados.

“Este requisito de detención e inspección garantiza que los refugiados sean reevaluados después de un año, alinea la evaluación posterior a la admisión con la que se aplica a otros solicitantes y promueve la seguridad pública”, señala el documento.

Bajo la legislación estadounidense, los refugiados deben solicitar la residencia permanente legal un año después de su llegada. El nuevo memorándum autoriza a las autoridades a detener a estas personas durante el proceso, un cambio respecto al memorándum de 2010, que establecía que no obtener la residencia no era motivo de expulsión ni de detención.

Reacciones y críticas

Grupos de defensa de refugiados han rechazado la medida. Shawn VanDiver, presidente de AfghanEvac, calificó la directiva de “un cambio imprudente de una política tradicional” y afirmó que rompe la confianza de quienes fueron admitidos legalmente y a quienes se prometió protección.

HIAS, antes conocida como Sociedad Hebrea de Ayuda al Migrante, señaló que la política podría causar grave perjuicio a miles de personas que huyeron de violencia y persecución.

Bajo la presidencia de Trump, las detenciones del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) han aumentado alrededor de un 75%, reforzando la política migratoria que fue un tema central en su campaña de 2024.

En enero, un juez de Mineápolis bloqueó temporalmente una política similar dirigida a unos 5,600 refugiados legales en Minnesota que esperaban su Green Card. El juez federal John Tunheim indicó que los agentes probablemente violaron múltiples estatutos federales al detener a algunos refugiados para un examen adicional.

La medida abre un nuevo capítulo en la tensa relación entre seguridad, migración y derechos humanos en Estados Unidos, y pone nuevamente bajo debate el alcance del poder ejecutivo sobre la vida de quienes buscan refugio legal en el país.