En una moción por escrito dirigida al juez Trevor Mcfadden, que MILENIO pudor revisar, los defensores acusaron que Treviño fue sacado de México sin un procedimiento de extradición concluido para ser acusado por cargos distintos (y más graves) por los cuales se había iniciado hace una década dicho procedimiento.
Añadieron que se trató de un proceso ajeno a cualquier orden judicial que autorizara una entrega internacional, por lo que esto slo pudo ser posible de común acuerdo por los poderes ejecutivos de ambos países.
“ En febrero de 2025, mientras los procedimientos de extradición aún estaban pendientes conforme a la solicitud de extradición de los Estados Unidos de 2013, el Sr. Treviño fue retirado por la fuerza de un centro de detención en México por las fuerzas militares mexicanas sin previo aviso de ningún tipo. No existía ninguna orden judicial que autorizara su traslado, lo cual representó una violación a una orden judicial mexicana que prohibía a todas las dependencias del gobierno mexicano retirar al Sr. Treviño de México sin aprobación judicial”, indicaron los litigantes
En el extenso documento, de más de 30 páginas, los abogados Michael McCrum y William Purpura subrayaron que de haber sido extraditado Treviño tendría conocimiento de una serie de derechos que le asisten, como la obligación de ser juzgado por los delitos por los cuales fue entregado y no otros, lo cual en este caso ya no habría ocurrido, pues, luego de ser entregado en Washington, se le imputaron delitos distintos y más graves a los de 2013.
Por ese motivo, agregan, es elemental que la defensa pueda conocer qué tipo de acuerdo, pacto o arreglo “extrajudicial” realizaron los gobiernos de México y Estados Unidos y confrontarlo a la luz de los derechos humanos y de las convenciones internacionales establecidas.
“ Se solicita respetuosamente ante este Honorable Tribunal que ordene al gobierno divulgar todos los documentos relacionados con las circunstancias que dieron lugar al traslado del Sr. Treviño Morales de México a los Estados Unidos. Esto incluye comunicaciones entre representantes de ambos gobiernos y documentos internos de las agencias y oficinas gubernamentales de los Estados Unidos, incluyendo los Departamentos de Justicia y de Estado, así como la Casa Blanca”, subrayaron los litigantes.
Aranceles y amenazas ¿factor clave?
En su argumentación los defensores de Treviño indicaron que la entrega de su cliente ocurrió en el contexto de una serie de presiones que el gobierno del presidente Donald Trump puso sobre México para realizar acciones “más efectivas y contundentes” en el combate al crimen organizado
Consideraron que estos factores podrían haber tenido un efecto en la determinación de México de expulsar al Z-40 lo que, de ser cierto, representaría una potencial violación a los derechos fundamentales de su representado.
“ No es coincidencia que tales acciones se hayan tomado con posterioridad a las sanciones económicas extremas mediante aranceles impuestos por el presidente a México (un acto que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha dictaminado ahora como ilegal)”.
“ El traslado del Sr. Treviño también se produjo tras las amenazas del presidente de los Estados Unidos de enviar fuerzas militares estadunidenses a México para combatir el crimen. El conjunto de actos consistentes en aranceles extremos e ilegales, amenazas de invasión militar y el traslado extrajudicial de un ciudadano de su país de origen no sólo afecta la doctrina de la separación de poderes de nuestro país, sino que impacta directamente en la vida del Sr. Treviño”, agregaron en el escrito.
