Torreón.- La realización del evento denominado “Jimulcazo” el fin de semana pasado en la Reserva Ecológica Municipal Sierra y Cañón de Jimulco, que incluyó actividades recreativas, presencia de vehículos todoterreno y un concierto con la participación de Los Dos Carnales y Alfredo Olivas, detonó un fuerte señalamiento público por presuntas violaciones al plan de manejo y al reglamento ambiental municipal.

Miguel Garza, ambientalista y catedrático de la Universidad Juárez del Estado de Durango, acusó omisión y una responsabilidad directa de las autoridades municipales al permitir o en su caso, no impedir actividades que están expresamente prohibidas en la zona núcleo de protección.

“El área es una reserva ecológica de competencia municipal, decretada por el Ayuntamiento de Torreón y con un Plan de Manejo vigente desde 2017. No estamos hablando de interpretaciones: el documento es claro respecto a qué se puede y qué no se puede hacer”.

Vídeos y fotografías difundidos en redes sociales muestran vehículos circulando a alta velocidad dentro del cauce del río Aguanaval, música a alto volumen, concentración masiva de personas y maniobras mecánicas en el lecho seco del río.

Para el catedrático, independientemente de si los organizadores solicitaron o no autorización ante la Dirección General de Medio Ambiente, el daño ambiental es evidente.

“Si hubo permiso, entonces la autoridad tiene que explicar bajo qué criterios lo otorgó y por qué no se vigiló el cumplimiento de las condiciones. Y si no hubo permiso, estamos ante una omisión grave, porque ni siquiera se enteraron de lo que pasó en su propia área natural protegida”.

El Plan de Manejo de la reserva publicado por el Ayuntamiento de Torreón en noviembre de 2017 define con precisión las reglas para la zona núcleo de protección.

En la matriz de actividades de esta zona se prohíben expresamente el uso de vehículos todo terreno, producción de sonidos ruidosos o intensos, modificación de cauces, riberas o acuíferos, sitios de campamento turístico no autorizados, infraestructura de servicios turísticos fuera de lineamientos y tirar o abandonar residuos sólidos.

En contraste, sólo se permiten actividades como educación ambiental, investigación científica, monitoreo, conservación y vigilancia.

“El plan no deja margen a la ambigüedad. La zona núcleo es de protección estricta. Un evento masivo con música amplificada y circulación de racers no encuadra dentro de las actividades permitidas”.

El “Reglamento de Desarrollo Sustentable y Protección al Ambiente del Municipio de Torreón” establece que la Dirección General del Medio Ambiente es la autoridad competente para otorgar permisos, supervisar, inspeccionar y sancionar actividades que generen impactos ambientales.

Asimismo, el reglamento faculta al Municipio para suspender obras o actividades que carezcan de autorización, aplicar sanciones por contaminación acústica o ambiental, vigilar el cumplimiento de normas oficiales y planes de manejo y proteger áreas naturales protegidas de jurisdicción municipal.

El ambientalista señaló que el director de Medio Ambiente, Marcelo Sánchez, y el área de Biodiversidad municipal tendrían que explicar públicamente si se solicitó autorización para el “Jimulcazo”, y sí se otorgó, bajo qué condiciones ambientales, las medidas de mitigación que se exigieron, cuales laborees de inspección o supervisión se realizaron durante el evento y si habrá sanciones o procedimientos administrativos.

Además, cuestionó el papel de la Fundación Jimulco, que es el área encargada de la administración de la reserva y que recibe recursos públicos mensuales para su operación.

La Sierra y Cañón de Jimulco comprende más de 57 mil hectáreas y alberga ecosistemas de alto valor, incluyendo bosque ripario y especies protegidas.

El propio Plan de Manejo establece que el objetivo general es proteger la integridad de los ecosistemas y sus servicios ambientales.

Advirtió que el ruido excesivo y la concentración masiva de personas alteran hábitats, ahuyentan fauna, compactan suelos y pueden generar contaminación por residuos o combustibles.

“Tal vez para algunos no es visible el daño, pero existe. El ruido altera aves y mamíferos; la circulación en cauces afecta microhábitats; el volumen de personas incrementa el riesgo de incendios y basura. Para eso existen las reglas”.

No es la primera vez que la reserva enfrenta este tipo de situaciones. La zona ha sido históricamente presionada por actividades recreativas de alto impacto, particularmente por vehículos todoterreno.

Para el académico, permitir eventos masivos sin claridad legal sienta un precedente peligroso.

“Si se normaliza que un área natural protegida puede convertirse en sede de eventos multitudinarios sin rendición de cuentas, entonces el decreto y el plan de manejo quedan en letra muerta”.

Reiteró el llamado a que fijen una postura tanto la Dirección General de Medio Ambiente, la administración de la reserva y, si corresponde, la Secretaría de Medio Ambiente para que se informe de manera transparente lo ocurrido.

Mientras no haya respuesta oficial, el “Jimulcazo” deja abierta una interrogante de fondo: ¿se respetan realmente las reglas que protegen el principal patrimonio natural de Torreón o se aplican de manera discrecional?