Saltillo, Coah.- El diputado Antonio Attolini Murra (Morena) plantea reformar el Artículo 236 Quater del Código Penal para establecer que el delito de acecho adquiere modalidad de agravante cuando los actos se cometan por persecución política.

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Se entenderá por persecución política a la realización de las conductas previstas en este delito, cuando tengan como finalidad cualquiera de las siguientes: intimidar, inhibir, sancionar o afectar el ejercicio de los derechos de libertad de pensamiento, expresión, participación política o asociación”.

Además “incidir, alterar o influir indebidamente en procesos electorales, en la toma de decisiones públicas o en el desempeño de funciones políticas”.

Actualmente, el delito de acecho se define como “seguir, vigilar o comunicarse persistentemente con alguien en contra de su voluntad, atentando contra su seguridad, libertad e intimidad. Es un patrón de atención repetida y no deseada, acoso no sexual, contacto o cualquier otra conducta dirigida a una persona específica que causaría que una persona razonable sienta miedo o terror”.

Por ahora, el delito se castiga con seis meses a dos años de prisión y multa de 500 a mil unidades de medida y actualización, es decir, con 58 mil 655 pesos y hasta 117 mil 310 pesos (Artículo 236 Ter), penas que se incrementarían en una mitad los mínimos y máximos, en caso de persecución política.

Explicó que el acecho se entiende como el hostigamiento o acoso reiterado y persistente contra una persona, pero ahora se explica como una conducta intencionada y maliciosa de persecución obsesiva, acecho o acoso respecto de una persona a la que convierte en objetivo.

Estas conductas menoscaban la libertad y sentimiento de seguridad de la víctima, a la que se somete a persecuciones o vigilancias constantes, llamadas reiteradas y otros actos continuos de hostigamiento.

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Sus características especiales son la persecución repetitiva, obsesión, aptitud para generar un temor y, quizá de manera más importante, la alteración de la seguridad de la víctima y la vulneración de su libertad”, señaló.

El legislador argumentó que ha sido víctima de una estrategia de violencia, intimidación y acecho por parte de las autoridades municipales de Torreón, lo que incluye al alcalde Román Alberto Cepeda González, por denunciar hechos de corrupción en ese Ayuntamiento.