Ciudad de México.- La discusión sobre el manejo del patrimonio arqueológico durante la construcción del Tren Maya escaló este martes dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con acusaciones severas desde el ámbito académico y una defensa cerrada desde la propia institución.

Durante una reunión virtual del sindicato de investigadores, especialistas calificaron como “crímenes de lesa arqueología” las técnicas empleadas en algunos tramos del proyecto, al denunciar el uso de dinamita y maquinaria pesada en zonas con vestigios prehispánicos.

El investigador Jesús Sánchez cuestionó abiertamente los métodos utilizados en el salvamento arqueológico, señalando como “indefendibles” las decisiones atribuidas a Manuel Pérez Rivas y avaladas por instancias internas.

En la misma línea, el arqueólogo Fernando Cortés Brasdefer aseguró que de las más de 62 mil estructuras registradas durante las obras, solo una parte fue recuperada. Según dijo, varias piezas trasladadas a los llamados parques de memoria —como el complejo Balam Tun— habrían sido reconstruidas con materiales modernos, conservando apenas una forma similar a la original.

El malestar llegó al punto de que el sindicato analiza acciones legales contra funcionarios del sexenio anterior, incluido el exdirector del INAH, Diego Prieto Hernández.

Horas más tarde, en una mesa académica realizada en el Museo Nacional de Antropología, el propio Prieto Hernández respondió a las críticas. Sin confrontar directamente, pidió evitar descalificaciones y llamó a respetar las decisiones institucionales.

El exfuncionario defendió la reubicación de 36 estructuras mayas halladas en los tramos 6 y 7 del Tren Maya, al tiempo que reconoció que el proyecto implicó cambios en los criterios y metodologías del salvamento arqueológico.

“Se deben revisar los principios, pero no señalarnos como delincuentes”, sostuvo, al tiempo que llamó a “cerrar filas” dentro del instituto, ahora encabezado por Joel Omar Vázquez Herrera.

Por su parte, Pérez Rivas argumentó que el rediseño de la ruta ferroviaria permitió preservar alrededor de 3 mil 500 monumentos de alto valor, aunque admitió que en una región tan rica en vestigios, algunas reubicaciones fueron inevitables.

Pese a las diferencias, hubo un punto de coincidencia entre los asistentes: toda intervención arqueológica implica, en mayor o menor medida, un grado de alteración. La disputa, sin embargo, está lejos de resolverse y refleja una tensión de fondo entre desarrollo de infraestructura y protección del patrimonio histórico.