San Salvador.– La ambiciosa reforma penal que acompaña la enmienda constitucional impulsada por el gobierno de Nayib Bukele no solo busca sepultar en prisión de por vida a criminales adultos, sino que también incluye un esquema de cadena perpetua revisable para menores de edad. Así lo confirmaron magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa.

La propuesta, que ya cuenta con el respaldo del Congreso dominado por el partido Nuevas Ideas (NI), establece que los menores de 18 años que cometan delitos de homicidio, violación o agrupaciones terroristas podrían enfrentar penas de prisión perpetua, con la posibilidad de acceder a una “libertad controlada” tras cumplir una fracción de la condena.

El mecanismo de revisión para menores

Durante su comparecencia, el magistrado presidente de la Sala de lo Penal, Alejandro Quinteros, detalló cómo operaría esta medida para cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos.

– Plazo de revisión: Los menores condenados podrán solicitar una revisión de su sentencia tras 25 años de reclusión.

– Periodicidad: Una vez cumplido ese periodo inicial, la enmienda indica que la situación jurídica del interno se revisará cada cinco años.

–  Cumplimiento internacional: Quinteros sostuvo que este esquema se alinea con las observaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU de 2019, que prohíbe la cadena perpetua sin posibilidad de libertad para menores.

Un paquete de reformas integral

La modificación a la Ley Penal Juvenil es solo una pieza de un engranaje legal más amplio que busca endurecer el castigo contra las pandillas y agresores sexuales. El paquete de reformas impulsado por el Ejecutivo incluye:

1. Código Penal: Ajustes para integrar la figura de la prisión perpetua.

2. Ley para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres: Endurecimiento de penas para violadores.

3. Ley contra Actos de Terrorismo: Herramienta clave en la estrategia de seguridad actual del país.

Blindaje constitucional

El pasado martes, con una mayoría de 59 de los 60 diputados, la Asamblea aprobó la reforma al artículo 27 de la Constitución. El nuevo texto prohíbe expresamente las penas infamantes y el tormento, pero abre la puerta única y exclusivamente a la pena perpetua para los tres delitos mencionados.

Esta reforma constitucional, que aún debe ser ratificada por la siguiente legislatura, representa uno de los cambios más profundos al sistema judicial salvadoreño en décadas, consolidando la política de “mano dura” que ha caracterizado la administración de Bukele.