Ciudad de México.- El derrame petrolero en el Golfo de México se extendió en 630 kilómetros de litoral, casi la extensión completa del Corredor Arrecifal del Suroeste, advirtieron organizaciones ambientalistas.

El pasado 18 de marzo se registraron por primera vez reportes de chapopote en Tamiahua, Tuxpan y Cazones, al norte de Veracruz, con lo que ya suman 51 sitios con presencia del hidrocarburo.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró ayer que el derrame fue causado por un barco y que el impacto del hidrocarburo de la refinería de Dos Bocas fue menor.

FGR investigará derrame de crudo en el Golfo de México: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar el reciente derrame de petróleo en el Golfo de México. “Ya hay un delito penal en este caso”, subrayó en la mañanera de ayer.

Señaló que ese problema –que ha ocasionado daños ambientales en aguas de Veracruz y Tabasco– fue ocasionado por un barco privado, y personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) trabaja para limpiar las zonas naturales afectadas.

“Hubo un derrame de un barco. Se están haciendo las investigaciones y también le pedimos a la fiscalía que pudiera intervenir, porque finalmente ya hay delito penal en este caso. No es derrame de Pemex, pero está haciendo todo para la limpieza del océano y playas”.

Sumado a ello, dijo, en días pasados un incendio en las afueras de la refinería de Dos Bocas “pudo haber tenido alguna implicación en derrame, pero en todo caso es menor”.

La mandataria federal dijo que instruyó al director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, a trasladarse personalmente a la zona afectada por el desastre en el Golfo de México para verificar “cómo está la situación y se requieren más recursos para avanzar la limpieza”.

Remarcó que la empresa propietaria de la nave que ocasionó el percance es la que debe resarcir los daños ambientales. “Por eso debe haber certeza de quién provocó esto y las consecuencias que implica en términos administrativos, que sería la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, e incluso penales, que sería la FGR (sic)”.