Saltillo, Coah.- El Congreso del Estado pide a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la Procuraduría Federal del Consumidor, implementar campañas informativas contra la cobranza abusiva e ilegal por parte de despachos de cobranza y comercios, a propuesta de la diputada Edith Hernández (PAN).

“ Escritos falsificados y llenos de mentiras son los que suelen llegar a diario a los hogares de muchos ciudadanos que tienen una deuda con alguna entidad financiera o con una empresa de carácter netamente comercial, con leyendas como ‘embargo de todos sus bienes en 48 horas’, ‘cárcel de hasta 5 años por no pagar su deuda”.

En otras ocasiones, informan que pasarán en un plazo de 72 horas con la policía para ejecutar el secuestro de bienes en el domicilio o bien, que éste ha sido señalado para desalojo y embargo.

“ Son documentos que se utilizan de forma accidentada frases que combinan supuestos artículos legales, muchas veces inexistentes, términos legaloides, sellos falsos y frases alarmantes para inducir el miedo en los destinatarios. Lo que buscan es intimidar y chantajear a la persona para ver si con eso la convencen de pagar la deuda o llegar a un acuerdo”.

Es cierto que todo acreedor tiene el pleno derecho de cobrar sus deudas, de realizar acciones para intentar cobrar lo que se le debe, pero con apego a la ley, al respeto de los derechos humanos y a las sanas prácticas mercantiles.

“ Sus métodos de cobro no pueden estar basados en mentiras, en tergiversar la ley para intimidar a los deudores. Tampoco se pueden presentar escritos que simulan actos judiciales como notificaciones de los juzgados, emplazamientos, señalamientos de bienes y embargos, ya que esto incluso es delito”.

Amenazar o intimidar a personas que no son el deudor, es otro acto ilegal. En algunas ocasiones, se trata de despachos contratados por entidades financieras o comercios, pero en otros casos son despachos que compraron la deuda.

“ A los escritos ilegales hay que sumar las llamadas donde, de igual manera, acosan, amenazan con mentiras a los morosos para infundirles temor y angustia. También, en muchos casos, intentan cobrar deudas de tarjetas de crédito, de pagarés y de créditos diversos cuando ya están prescritas, pero la víctima no lo sabe”.

Explicó que el Código Penal Federal sanciona con uno a cuatro años de prisión y con multas de 50 mil a 300 mil pesos la cobranza extrajudicial ilegal. Si se utilizan documentos o sellos falsos, las sanciones aumentarán en una mitad.