Washington y Nueva York.- Crece el coro de oposición a las políticas del gobierno de Donald Trump contra personas sin documentos, al que se sumaron ciudades que están ordenando a sus departamentos de policía romper relaciones con agencias federales de control migratorio, así como condados que prohibieron la instalación de centros de detención y miles de personas –ciudadanos ordinarios y personajes famosos– que exigen la liberación de niños encarcelados.

Stephen Miller, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca y arquitecto principal de las severas políticas antimigrantes de la actual administración federal, ha insistido en que se avanza con el plan de deportar a millones de personas, pero el desplome en el apoyo público para esta campaña ha obligado a la Casa Blanca ha reducir el número y el tono de las declaraciones oficiales sobre el tema.

Desde granjeros republicanos en Wisconsin, quienes dependen de la mano de obra migrante, a votantes latinos pro Trump en Florida, la Casa Blanca reconoce que enfrenta críticas aún entre sus bases más fieles en este tema.

El martes, el concilio municipal de Pittsburgh, Pensilvania, votó de manera unánime a favor de prohibir que la policía local otorgue a agentes federales de migración acceso a personas detenidas por autoridades de esa localidad.

También prohibió que la ciudad firmara cualquier acuerdo con autoridades federales para arrestar inmigrantes.

Este miércoles, el gobierno municipal de Houston aprobó una medida que limita la cooperación de su Departamento de Policía con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), aunque esa medida era más limitada que la de Pittsburgh.

Por otro lado, más de 218 mil personas, entre ellas figuras famosas como la musica Janelle Monas, el director de cine, Spike Lee, y la actriz Jody Foster, junto con decenas de pediatras, se sumaron a una campaña para clausurar el Centro de Detención de Inmigrantes Dilley, cerca de El Paso, Texas –instalación operada de manera privada por la empresa CoreCivic, y que ahora es la instalación de arresto de familias más grande del país.

“ Instamos al gobierno federal y a CoreCivic a cerrar la instalación de Dilley inmediatamente, regresar a los niños y familias a los hogares y comunidades de las cuales fueron tomados y poner fin al encarcelamiento de menores ahora.”

Casi 4 mil niños migrantes han sido encarcelados por periodos en Dilley y otros centros desde el inicio del gobierno de Trump.

Después de que funcionarios federales adquirieron terrenos cerca de Salt Lake City, en Utah, para construir un centro de detención de migrantes, organizadores locales se movilizaron para frenar el proyecto. “Estamos haciendo todo lo que se pueda –desde todo ángulo posible– para expresar porqué éste no es un lugar apropiado para una instalación de ICE”, declaró la alcalde de la ciudad, Erin Mendenhall, a Utah News Dispatch a principios de este mes.

En la región occidental del estado de Pensilvania, una agrupación local llamada Frontline Dignity ha capacitado a más de mil activistas para proteger a inmigrantes en sus comunidades –algo que se repite en grandes ciudades y pueblos alrededor del país– y a principios de abril iniciaron una marcha de ocho días para protestar contra un centro de detención.

“ Durante ocho días participantes caminarán por el suroeste de Pensilvania hacia el centro de procesamiento del Valle Moshannon, la instalación de detención de ICE más grande del noreste, para llamar la atención de las realidades de los arrestos de inmigrantes y la crisis más amplia que enfrentan esas minorías”, declararon los organizadores en un boletín de prensa.

Las severas tácticas del gobierno estadunidense han tenido un enorme efecto en el flujo de inmigrantes indocumentados en la frontera con México. En los pasados seis meses, un promedio mensual de sólo 6 mil 897 personas fueron detenidas cruzando la frontera, la cifra mensual más baja desde 1966, según cálculos del Washington Office on Latin America.

En otro frente, el gobierno de Trump ha dejado de admitir refugiados de otros países, al reducir dramáticamente el límite anual a sólo 7 mil 500 por año, bajo la administración anterior esa cantidad era de 125 mil. Pero la excepción más notable es para sudafricanos blancos Afrikáners; en lo que va de este año fiscal, 99.9 por ciento de todos los refugiados admitidos eran de esta minoría con sólo tres de los 4 mil 449 refugiados hasta la fecha de otro país, reportó el Christian Science Monitor.

Trump y su a veces aliado Elon Musk –quien nació en Sudáfrica– han afirmado que hay un “genocidio blanco” de granjeros en aquel país africano. Pero en los hechos, varios miles de estos “refugiados” que llegaron a Estados Unidos han regresado a su país porque encontraron que el costo de la vida, incluyendo el de salud, era demasiado alto, y que les daba miedo los tiroteos masivos en su nueva nación.

“ Nada de esto suena como el comportamiento de gente huyendo de una exterminación real”, escribe el periodista Stacey Patton.

“ Históricamente las víctimas de genocidio no suelen regresar a su lugar de origen porque el estilo de vida y los costos son mejores.”