Zacatecas.- Las amenazas del crimen organizado, perpetradas con anuencia de la minera Camino Rojo en Zacatecas, contra los trabajadores de la sección 335 del Sindicato Nacional Minero, se exhibieron ante diversas autoridades federales, incluso ante instancias de seguridad, a quienes la organización gremial pidió apoyo para salvaguardar la integridad de los obreros, de acuerdo con documentos en poder de La Jornada.

Los actos de intimidación y violencia fueron documentados en el procedimiento especial colectivo 758/2024 ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos que, al igual que el sindicato, solicitó a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina en noviembre de 2024 su intervención durante un proceso de recuento para definir la titularidad del contrato colectivo de trabajo (CCT) a fin de que se llevara a cabo “sin violencia y sin que intervengan delincuentes del narcotráfico”.

Asimismo, el tribunal requirió a la Secretaría de Seguridad Pública estatal 10 elementos para la votación que se realizaría el 22 de noviembre de ese año, pero respondió que no era posible porque no contaba con “personal disponible y suficiente para cubrir dicha tarea”.

La titularidad del CCT fue ratificado por tribunales federales y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en favor del Sindicato Nacional Minero, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia; pero la empresa canadiense Orla Mining ha sido renuente a reconocerlo.

Por otra parte, en su resolución preliminar, el panel del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC consideró que aunque el día del recuento se garantizaba el derecho al voto secreto y libre, operó un “efecto disuasivo de meses de amenaza y silencio de la dirección”, lo cual favoreció al sindicato patronal Beneficio de Minas.

Minera en Zacatecas usó al narco para coaccionar a sus trabajadores sindicalizados

En el documento, los expertos panelistas exponen que la propia empresa canadiense Orla Mining, mayor concesionaria para la explotación de oro y plata en México, reconoce que no tiene capacidad para abordar el riesgo del crimen organizado: “… las políticas, controles internos, la seguridad y la capacitación de la compañía podrían no ser suficientes para abordar el riesgo de que dichas organizaciones se infiltren”.

En los oficios dirigidos a la Defensa y Marina, el Sindicato Nacional Minero expuso que los hechos fueron denunciados ante el Tribunal Laboral y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), pero esta última “se ha negado ordenar a la empresa que no use a los delincuentes del narco, bajo el pretexto de que es un asunto penal y no laboral”.

Lo anterior, a pesar de que ante esta dependencia “se han presentado videos, fotos, grabaciones, hechos y testimonios de la existencia de los delincuentes, a quienes la empresa hace pasar como personas que llevan mercancías” a la misma.

Un caso denunciado públicamente ante la sede de la compañía Orla Mining, en Vancouver, Canadá, fue el de Jaime Alberto Pulido León, integrante del comité local de la sección 335, quien sobrevivió a un aparente atentado, luego de que una persona desconocida, portando un arma, intentó ingresar a su domicilio.

La Jornada solicitó una entrevista con el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, para ahondar sobre el tema, pero su oficina remitió al comunicado que difundió hace más de dos semanas la dependencia, quien manifestó su desacuerdo con la resolución del panel, ya que –a su juicio– excedió los alcances del mecanismo, particularmente “en materia de estándares probatorios, el análisis de hechos vinculados a conductas de posible naturaleza penal, la atribución de responsabilidades a sujetos distintos del patrón y la referencia a estándares no previstos expresamente en el tratado”.