Washington.- La fiscalía del condado de Hennepin, Minnesota, presentó este jueves cargos penales por agresión contra un agente federal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en un caso inédito vinculado al despliegue masivo de agentes durante la administración Trump. El agente, Gregory Donnell Morgan Jr., enfrenta dos cargos de agresión en segundo grado.

Estos son los primeros cargos presentados contra un agente de ICE por acciones durante la “Operación Metro Surge”. La fiscal Mary Moriarty anunció una orden de arresto contra Morgan, acusado de amenazar con un arma a dos personas desde su vehículo en un incidente de febrero.

Según la denuncia penal, el 5 de febrero, Morgan conducía un SUV de alquiler sin distintivos por el arcén de la autopista 62, una maniobra ilegal. Cuando otro automóvil se desvió brevemente al arcén para reducir velocidad y luego se reincorporó al carril, Morgan aceleró, se puso a la par del vehículo, bajó la ventanilla y apuntó con una pistola directamente a los dos ocupantes.

“Los cargos reflejan un hito importante en nuestros esfuerzos por exigir responsabilidades por los daños infligidos a la comunidad”, dijo la fiscal Mary Moriarty en un comunicado.

Un desafío a la “inmunidad absoluta” federal

El caso enfrenta a las autoridades locales con la postura de la administración Trump, que ha sostenido que los agentes federales poseen “inmunidad absoluta” frente a procesos judiciales estatales. Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, declaró que “nadie” puede impedir a los agentes cumplir sus deberes.

Moriarty rechazó esta idea en una conferencia de prensa, afirmando que su oficina no teme una reacción negativa de Washington.

“Nuestra función es exigir responsabilidades a quienes infringen las leyes de Minnesota”, añadió. “En este caso concreto, creemos firmemente que este agente cometió agresión en segundo grado”.

El debate legal sobre la autoridad del agente

La fiscal argumenta que las acciones imputadas exceden el ámbito de las funciones federales. El Departamento de Justicia podría intentar trasladar el caso a un tribunal federal, aunque la acusación estatal podría continuar.

“La responsabilidad de demostrar que lo que estaba haciendo estaba dentro del ámbito de su autoridad como agente federal recae sobre el agente”, dijo Moriarty. “Conducir ilegalmente por el arcén… y apuntar con un arma a la cabeza de dos vecinos excede con creces sus atribuciones”.

La fiscalía se prepara para llevar el caso a los tribunales, marcando un precedente en la rendición de cuentas de agentes federales desplegados en operaciones locales.

Con información de The Independent