Esta ley da el poder a las autoridades estatales para arrestar y retener a las personas que sospechen hayan incurrido en este delito y permite que los jueces del estado ordenen la expulsión de migrantes a territorio mexicano.

Las organizaciones que demandaron la norma, entre ellas las ONG American Gateways y Las American Immigrant Advocacy Center, alegaron ante los tribunales que la ley SB4 es ilegal porque entra en un terreno que es exclusivamente del gobierno federal, decidir quién puede entrar o no a Estados Unidos, interfiere con el trabajo de las autoridades federales e impide que los migrantes que cruzaron de manera irregular puedan pedir asilo.

Las organizaciones también han argumentado que, cuando entre en vigor, esta ley puede llevar a que las autoridades locales actúen de manera discriminatoria contra las comunidades hispanas y las minorías étnicas y raciales.

Texas aprobó la ley SB4 durante el gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025), en medio de un aumento récord en la cantidad de personas que cruzaban la frontera sur de manera irregular y un enfrentamiento entre Texas y la administración demócrata.

Ahora, bajo la administración de Donald Trump, los cruces en la frontera irregulares han disminuido a su punto más bajo en años y el gobierno emprende en cambio una campaña de arresto masivo de migrantes al interior del país.

La ley SB4 entrará en vigor en un momento en el que el gobernador Greg Abbott ha presionado a las principales ciudades del estado —entre ellas Houston, Dallas y Austin— para que no limiten la colaboración entre la policía local y el Servicio de Migración y Aduanas (ICE), ante el rechazo de la ciudadanía a las políticas de “mano dura” del gobierno Trump.

En el último año, los arrestos de migrantes que no tienen antecedentes penales se han disparado un 770%, mientras que las detenciones en la vía pública aumentaron más de mil por ciento, según un análisis del proyecto Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley.