Bruselas.— La Unión Europea (UE) presentó este lunes un pliego de medidas diseñado para obligar a Google a abrir su sistema operativo Android a servicios de inteligencia artificial (IA) de terceros. La iniciativa, amparada en la Ley de Mercados Digitales (DMA), busca frenar el presunto dominio exclusivo que la tecnológica mantiene sobre estas funciones en sus dispositivos.

Interoperabilidad: El núcleo del conflicto

De acuerdo con la Comisión Europea (CE), las medidas propuestas exigen que aplicaciones de IA competidoras puedan ejecutar tareas complejas —como enviar correos, pedir comida o compartir imágenes— de forma eficaz dentro del ecosistema Android. Actualmente, el Ejecutivo europeo sostiene que Google reserva estas capacidades prioritariamente para sus propios productos, como su asistente Gemini.

” “El objetivo es garantizar que los usuarios de toda la UE tengan una mayor variedad de servicios de inteligencia artificial y no queden limitados a una oferta única”, argumentó la Comisión en sus conclusiones preliminares.

Respuesta de Google y tensiones transatlánticas

La reacción del gigante tecnológico no se hizo esperar. Google calificó la propuesta como una “intervención injustificada” y advirtió que tales exigencias podrían incrementar los costos operativos, además de comprometer las protecciones de privacidad y seguridad de los usuarios europeos.

Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, ha intensificado sus críticas hacia la normativa digital de Bruselas (DMA y DSA), acusando a la Unión Europea de dirigir ataques injustificados contra el liderazgo de las empresas tecnológicas estadounidenses.

Riesgo de multas millonarias

Aunque esta etapa del proceso no constituye aún una investigación formal, funciona como un ultimátum regulatorio. Si Bruselas determina que los esfuerzos de Google son insuficientes para cumplir con la DMA, la empresa podría enfrentar sanciones económicas severas. Según la normativa vigente, cualquier infracción confirmada puede acarrear multas de hasta el 10 por ciento de la facturación global total de la compañía, lo que representaría una cifra de miles de millones de dólares.